EL EDIL igualteco con licencia y prófugo de la justicia, José Luis Abarca, tenía todo listo para impulsar a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, como la candidata a la presidencia municipal de Iguala para el 2015. Por esa razón armó la tarde-noche del pasado viernes el tinglado del informe de esta mujer, en su calidad de presidenta del DIF local. No quería molestias y los normalistas de Ayotzinapa se cruzaron en el camino del perredista, hombre que comenzó como vendedor de sombreros y ahora es un próspero comerciante de joyas. La sospecha, nos dicen, es que tiene nexos con el crimen organizado y que no quería obstáculos para llevar a su cónyuge a la silla de alcalde, una sucesión entre familia, prole que tiene relación de sangre con Alberto Pineda Villa, El Borrado, identificado como operador del extinto capo Arturo Beltrán Leyva. La noche que los policías atacaron a los estudiantes, el edil dormía seguramente en los brazos del crimen, nos comentan.
PRECAVIDOS, los ministros de la Corte, que preside Juan Silva Meza, dejan hoy la sede principal en el corazón de la ciudad de México, para evitar que la revisión de la reforma electoral en el ámbito estatal se entorpezca. El pleno sesiona en la oficina alterna, al sur del DF. La decisión se tomó para evitar desplazarse por donde habrá cortes viales por la marcha del 2 de octubre de 1968. Los ministros trabajan a contrarreloj y han sesionado de manera extraordinaria para garantizar el análisis de las impugnaciones a ordenamientos electorales, antes de que inicie el calendario de los comicios de 2015.
BAJO RESERVA mantiene el gobierno del DF la estrategia para dar seguimiento a las marchas del 2 de octubre. Sin embargo, nos dicen, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera encargó al secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, un despliegue táctico en las calles adyacentes a la ruta de las manifestaciones para actuar en caso de que los grupos de anarcos, jóvenes muy violentos, ataquen los inmuebles o a los ciudadanos. En paralelo, el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, tiene la encomienda de monitorear cualquier incidente, mediante las cámaras instaladas en la capital del país, nos comentan.
EL EJÉRCITO lo vio y lo reconoció; la PGR lo confirmó: en Tlatlaya se violaron los derechos humanos y al menos tres militares dispararon inexplicablemente en contra de presuntos delincuentes y se sospecha que existieron ejecuciones. A esta conclusión preliminar llegaron las autoridades en poco más de una semana de investigaciones. En contraste, el ómbudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, dijo que su indagatoria tardaría varias semanas, pero adelantó que contaba con testimonios, peritajes y otras evidencias y que todas ellas indicaban que el hecho en el que murieron 22 personas se trató de un enfrentamiento. Hoy los papeles históricos están invertidos: las instituciones aceptan que los derechos humanos fueron violados y el ómbudsman dice que no hay elementos para presumir abusos.
UN JOVEN que acaba de cumplir 98 años, y bajo la conducción del licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, sigue a la vanguardia en el periodismo del país y gana premios. Justo el día del aniversario de la fundación de EL UNIVERSAL, el monero Ángel Boligán Corbo ganó el Premio Nacional de Periodismo con el cartón Reforma Energética y los reporteros Alejandra Sánchez Inzunza, José Luis Pardo y Pablo Ferri obtuvieron la distinción con el reportaje Narcotráfico en América Latina. Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Venezuela, publicado en la revista Domingo de esta casa editorial. Así llega El Gran Diario de México a su cumpleaños. Dos años antes del centenario es el líder en su edición impresa y en la plataforma web con 15.7 millones de usuarios únicos en septiembre. ¡Felicidades!
