lunes, 29 de septiembre de 2014

22:04:00
Antonio Plascencia Gómez

Los diputados del mini periodo (2 años 2 meses) que trabajaron hasta el 31 de octubre de 2012, no ratificaron en agosto de 2012, a 3 consejeros electorales estatales - Nestor Santin Velázquez, Fernando Bolio Vales y Ariel Aldecua Kuk-. La comisión encargada de la no ratificación compuesta por Margarita Góngora Sánchez (directora actual del Registro Civil), Adolfo Calderón Sabido, José Carlos Puerto Patrón, Efraín Rivero Euan, Gabriela González Ojeda, Carlos Pavón Flores (actual dirigente estatal del PRI) y Tito Sánchez Camargo coincidieron en "que es necesario refrescar la estructura electoral del estado y que la autoridad encargada de organizar los comicios locales cuente con nuevos elementos", esa comisión hablando en "política" estuvo integrada por 2 diputados del PAN y 4 diputados del PRI. Esa Legislatura, la LIX, estuvo integrada por 15 diputados del PRI, 6 del PAN, 2 del PRD y 2 del PVEM (vale decir que al menos uno de este partido, Omar Corzo, voto siempre con el PRI). En síntesis fueron siempre mayoría incluso en las comisiones más importantes y justamente en las que nos ocupa hoy. Los 3 nuevos lugares fueron ocupados por Antonio Matute González, Carlos Pavón Duran y María Elena Achach Assaf. En el anterior consejo había pesos y contrapesos, es improbable que 5 consejeros piensen igual y tengan afinidad por el mismo partido político, se sabía que eran 2 del PRI, 2 del PAN y 1 del PRD, elecciones cuestionadas como las de Tekax y la extraordinaria de Mama y el triunfo en el 2012 del partido que más tiempo ha gobernado México. Ese consejo recibió denuncias de todos los partidos ya que multó tanto al PAN como al PRI con lo que más les duele: dinero. Desde el congreso - de mayoría priista- estrangulaban al entonces IPEPAC , pues además de que les recortó su presupuesto, se negó a ampliarlo para pagar la nómina de diciembre, los aguinaldos de su personal y pretendió cobrarles $600,000 por publicar sus acuerdos en el Diario Oficial. En el actual consejo, que funciona desde 2012, hay 5 consejeros todos vinculados de alguna manera al PRI, pues fueron los diputados mayoritarios los que los eligieron, en este actual consejo la carga burocrática creció al doble y sin proceso electoral (es decir, sin justificación) y entonces empezó Antonio Matute González, (el rey sin corona) a hacerse propio un instituto electoral y "ciudadano" y empezó en el verano de 2013 con el despido de 3 directores y nombramiento de Cesar Jiménez, de procedimientos electorales, Alejandro Haddad, de capacitación y Ariel Itza de administración, todos vinculados al PRI, su segundo acto fue la no ratificación del secretario ejecutivo Alejandro Góngora Méndez por problemas presupuestales que este ultimo defendía e impone a Esmit May Mex quien fungió como pasante en el despacho de Víctor Caballero Duran, todo esto para pagar favores contraídos por el PRI en la campaña del 2012 y a doblar la carga presupuestal del IEPAC hasta el punto de pagarse (a los 5 consejeros y al hermano de Lizzete Cetz Canche) 1,800 euros a la universidad de Valencia, España por una maestría en línea en "Asuntos Electorales". Los vínculos que hemos señalado de Víctor Caballero Duran (diputado de la anterior legislatura en la que se eligieron a estos 3 nuevos consejeros) con Antonio Matute González vienen de cuando este ultimo trabajaba en el área legislativa del congreso del estado cuando el primero era diputado. Martin Chuc Pereira- amigo de Caballero Duran desde la facultad de derecho- pudo, mediante Antonio Matute, May Mex, Raúl Alemán, Cesar Jiménez, Iván Salazar, Alejandro Haddad y por parte del congreso, Miguel Ceballos, Alfonso Díaz y Ángel Herrera y –según las fuentes- por ordenes de Caballero Duran hacer la nueva Ley de Procedimientos Electorales del Estado, ¿que mas no podrán hacer?. Solía fustigar contra los ciudadanos analfabetas políticos, abúlicos y desinteresados, pero sucede que el desinterés viene de estos hechos (y de otros). Cuando la política deje de ser negocio, dejará el Secretario Caballero Duran -y todos los administradores públicos- que tomarse la molestia de contestar a acusaciones sobre los desvíos de nuestros dineros que se hacen en todos los niveles de gobierno y dentro de ellos, en todas las direcciones, subdirecciones y un largo etcétera.