jueves, 28 de agosto de 2014

16:53:00
Opinión de JMRM

Una credencial de elector presuntamente encontrada en la escena del crimen y el testimonio de su coacusado Pablo Santos García Gutiérrez, obtenido bajo tortura y tras una detención a todas luces ilegal, son las únicas pruebas que la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) pudo presentar ayer (en maratónica audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida) contra el Psiquiatra Luis Enrique Lara González, acusado del asesinato del también alienista Felipe de Jesús Triay Peniche.

Enrique Lara y Pablo García, tras ser presentados por las autoridades como los presuntos asesinos de Felipe Triay Peniche. 

Esta situación es preocupante no sólo por el hecho de que las pruebas contra Lara son débiles, sino porque ahora es más evidente que nunca que cualquier persona puede ser privada de su libertad por un período mínimo de seis meses y máximo de dos años y sometida a proceso en base a prácticamente nada. El nuevo sistema de justicia no protege a la ciudadanía de la privación arbitraria de su libertad.

Ser reconocido y destacar en su profesión, al grado de ocupar el cargo de Presidente del Colegio de Psiquiatría del Estado de Yucatán y gozar de la estima de sus familiares, colegas, amigos y pacientes, no salvó a Lara de verse sometido, como cualquier mexicano, a la arbitrariedad policíaca y las ilegalidades que cometen las autoridades para dar por cerrados los crímenes notorios de manera expedita y a toda costa, presión agravada por el hecho de que estamos a menos de un año de las elecciones de medio período y que este caso pone a prueba el nuevo sistema de justicia oral.

Aunque la FGE cuenta con numerosas pruebas que sustentan la acusación de que García Gutiérrez es el autor material del citado crimen, no deja de ser grave el hecho de que fue torturado, situación que no fue considerada por el juez a pesar de ser evidentes las lesiones sufridas por el hoy indiciado.

Aunque no alegó haber sido torturado, Lara fue detenido ilegalmente y se está usando en su contra información que es fruto de la tortura, ya que se le está juzgando en base a testimonio obtenido gracias a dichas prácticas.

Lara González es una persona preparada. Cuenta con estudios de medicina y se especializó en psiquiatría. Es un miembro respetable de la comunidad.

De ser él el autor intelectual de un crimen presuntamente planeado con anticipación junto con un colega, en teoría igual de preparado que él ¿por qué dejaría su credencial de elector en el lugar donde su víctima sería posteriormente ultimada? ¿por qué permitiría que la persona a la que contrató para perpetrar el asesinato dejara indicios materiales que lo ligarían inequívocamente al ilícito? ¿no estarían previstas esas posibilidades en la planeación? no estamos hablando de dos ladronzuelos que entran a una casa de interés social a llevarse un televisor, sino de dos personas con probada capacidad.

¿Por qué si hubo planeación anticipada dejaría el autor material el cadáver en un lugar donde inevitablemente lo encontrarían las autoridades, tras pasar por varias cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública?

Es mucho más plausible la posibilidad de que Lara Gutiérrez esté siendo incriminado injustamente por un coacusado que fue torturado y tal vez buscaba salvarse al culpar a un tercero. La Fiscalía habrá convencido al juez, pero le falta mucho para convencer a la sociedad.