Carlos Loret de Mola Alvarez / 12-VIII-14
Reunión a puerta cerrada. Convocados sólo algunos de los funcionarios más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto y el propio primer mandatario. Hablaban de los conflictos sociales y políticos que se encendían como focos de alerta en el país.
“Les vamos a romper la madre a los de la CNTE”, dijo contundentemente uno de los asistentes. Y puso plazo: nomás terminen de aprobarse las leyes secundarias de la reforma energética, para que no se vaya a sobrecalentar el ambiente y se atore esa discusión en el Congreso.
Ayer a las 11 de la mañana en Palacio Nacional, el presidente Peña promulgó el catálogo de letras chiquitas de la reforma energética. Concluye así el proceso de cabildeo y aprobación de las llamadas reformas estructurales.
Se sabe que vienen aplausos internacionales —medios de comunicación, inversionistas, gobiernos— al jefe del Ejecutivo. Y al calce, una exigencia: falta ahora implementarlas.
En esa coyuntura, la administración Peña Nieto estaría echando mano de una señal inequívoca de que sus reformas van en serio, que quien se oponga a ellas enfrentará el peso del Estado: una acción contra la CNTE, que se ha declarado en rebeldía contra la Constitución federal, creando estados de excepción —con complicidad de los gobiernos estatales de Oaxaca y Michoacán, al menos hasta ahora— donde la reforma educativa no se cumple ni se aplica.
No una represión sangrienta sino un manotazo político que allane el camino para la implementación de esa y todas las reformas, como lo fue al arranque de su gestión el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, ex dirigente vitalicia del sindicato de maestros, que retó al entonces nuevo presidente cuando planteó cambiar las leyes educativas del país.
La detención de Gordillo —en el clímax de su poder, aliada de facto del presidente en su camino a Los Pinos— sembró respeto entre la clase política, mostró a un gobierno decidido y operante, y facilitó las negociaciones políticas.
Una acción política que corte de tajo la impunidad de la CNTE lograría un efecto similar: que no haya poderes fácticos retando a la reforma en telecomunicaciones, que no se atrevan los partidos políticos a darle la vuelta a la reforma electoral, que empresarios dejen de evadir las nuevas leyes hacendarias, que los bancos no se brinquen la financiera, que la energética no enfrente resistencias ilegales. En todo o al menos en parte.
Además, así como al inicio del sexenio la mesa estaba servida para que un golpe a La Maestra fuera unánimemente aplaudido, la propia CNTE ha ido creando tal descontento y descalificación entre la ciudadanía que el hecho de que se le aplique la ley puede ser igualmente popular.
“Les vamos a romper la madre”. Ya se sabe quién, a quiénes y cuándo. Falta ver el cómo… si se animan.
SACIAMORBOS
Hasta hoy, el gobierno aplica la ley educativa en 28 estados, en dos medio la aplica (Chiapas y Guerrero) y en otros dos de plano no se ha atrevido. No lo digo yo. Se dijo en la misma reunión. Es el diagnóstico oficial.
