IXTAPALUCA, Estado de México, 28 de agosto.- Estuvo en prisión casi cinco años por secuestro y delincuencia organizada, delitos que no cometió. Ahora exige al Estado mexicano que se le resarza moral y económicamente por el daño que sufrió él y su familia
Estuvo en prisión casi cinco años por un delito que no cometió. Y ahora exige al Estado mexicano que se le resarza moral y económicamente por el daño que sufrió él y su familia.
Rogelio Andrés Peñaloza Lozano, un comerciante de 41 años y vecino de Ixtapaluca, fue detenido el 14 de agosto del 2009 por policías federales junto con otros siete hombres mientras estaba en una fiesta familiar en la colonia Casco de San Juan, en el municipio vecino de Chalco.
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| Rogelio Peñaloza. |
Una denuncia ciudadana lo acusó de ser uno de los líderes de La Familia Michoacana en Ixtapaluca. A los ocho detenidos los torturaron los federales para que se declararan miembros de esa organización delictiva. Él se negó y fue severamente golpeado.
"Los policías federales casi me matan, la nariz la tengo desviada. Fueron a mi domicilio y se robaron todo lo de valor. Nos golpearon porque querían que dijéramos lo que ellos querían", denunció.
La Procuraduría General de la República (PGR) le fincó los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de arma de fuego y acopio de armas.
"En la casa donde nos detuvieron no había ni armas, ni droga, no había nada de eso", afirmó.
Pero cuando los presentaron ante los medios de comunicación, los exhibieron con armas de grueso calibre que nunca había visto en su vida.
Estuvo arraigado 80 días y después fue trasladado al Penal del Altiplano donde estuvo tres años, luego fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11 de Sonora, en donde permaneció un año siete meses.
Por la mala actuación de su abogado defensor, quien le cobró mucho y no hizo nada, Rogelio Andrés tuvo que defenderse por sí mismo. En la cárcel recurrió a libros de Derecho y consiguió lo impensable: que lo absolvieran de las imputaciones que le formularon.
"Auto de libertad por falta de elementos para procesar", ordenó el juez segundo de Nayarit, José Luis Gómez Martínez, el 27 de marzo de este año.
"Se comprobó que todo lo que estaba en el parte informativo de la Policía Federal era mentira, que no había motivo para que estuviera preso, pero desgraciadamente se dieron cuenta casi cinco años después", dijo.
Hace seis meses salió de la cárcel para tratar de rehacer su vida al lado de su familia. Pero nadie la regresará los casi cinco años que perdió recluido en dos prisiones federales.
Ahora busca que su nombre y honor sean limpiados por las propias autoridades que lo mantuvieron encerrado sin razón alguna y por los medios de difusión que se ensañaron con él.
En el tiempo que estuvo lejos de sus seres queridos, murieron sus padres, primero su madre y luego su padre. El dolor que le provocaron a los suyos y a él mismo nadie se lo podrá resarcir.
Piensa ahora estudiar Derecho porque en la cárcel se dio cuenta que la mayoría de los presos no tienen recursos para pagar un abogado que los defienda. (El Universal)
