viernes, 29 de agosto de 2014

agosto 29, 2014
MÉRIDA, Yucatán 29 de agosto.- A continuación reproducimos el informe de actividades de la Regidora Alejandra Cerón Grajales, pronunciado el día de hoy en la Casa del Pueblo ante militantes y líderes priistas:

Informar del ejercicio de gobierno es un mandato de Ley y que los Regidores del Partido Revolucionario Institucional en el Ayuntamiento 2012-2015 asumimos por convicción, porque como autoridades emanadas de un proceso democrático tenemos la obligación de rendir cuentas de frente a quienes nos eligieron.

Cerón Grajales reconoció de manera especial el esfuerzo que realizan los comisarios para servir a sus comunidades (foto: JMRM) 

Un buen gobierno es el que enfoca todos los recursos asignados y dirige todos sus esfuerzos a combatir con determinación el rezago social, la marginación y la pobreza en las comunidades.

Eso habla de buen gobierno, que carece esta administración municipal.

La falta de eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos públicos son características que marcan esta administración.

Como Regidora del Ayuntamiento de Mérida formo parte de la Comisión de Atención y Servicios Administrativo y de la Comisión de Comisarias.

La política social de este Ayuntamiento está ubicada muy lejos de las prioridades de la administración panista. Su rostro humano se refleja en la asignación de únicamente 10 por ciento de este rubro. El desarrollo social ocupa el 2.26 por ciento del total de los recursos a ejercer de manera anual de este Ayuntamiento.

EL ABANDONO HA SIDO UNA CONSTANTE EN ESTA ADMINISTRACIÓN y Ante la falta de una debida atención a sus necesidades, los habitantes de las comisarías y subcomisarías han tenido que resolver sus propios problemas.

Los vecinos de las subcomisarías de Opichén, Xcumpich y Chichí Suárez tomaron coas, picos y herramientas de albañilería para construir y limpiar calles y bancas de parques de sus comunidades. Esto es solo un pequeño ejemplo de las múltiples solicitudes sin atender de este Ayuntamientos que se dice tener un rostro humano y ser un Ayuntamiento para todos. 

Para ejemplificar que hay un doble discurso, me voy a referir al caso de las unidades de traslado, una necesidad prioritaria de los pobladores de las 47 comisarías y subcomisarías. Producto de esta falta de sensibilidad y compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, el gobierno de Renán Barrera concha, decidió retirar las 9 unidades de traslado a las 47 comisarías y subcomisarías. Un perjuicio directo por más a más de 52 mil personales, dejándolos a su suerte.

Lo peor estaba por venir. Después de incansables señalamientos en sesiones de cabildo y en los medios de comunicación, se realizó una petición colectiva de comisarios para la restitución de las 9 unidades de traslado, logrando que se asignen únicamente cinco con un ineficiente sistema que le costó la vida a más de dos personas.

Por si fuera poco, la compra de las cinco unidades de traslado costó nueve veces más cara que si se hubiera cubierto el último pago de un arrendamiento de 255 mil 780 pesos.

Esto habla de una política excluyente e insensible, que ha puesto en juego la vida de los ciudadanos por caprichos y revanchismos políticos. 

En el mes de enero del presente año y ante el llamado de vecinos de la subcomisaria de Sac Nicté, constaté los malos trabajos que se realizan en la repavimentación de cuatro kilómetros de carretera y construcción de una ciclopista que une a dicho lugar con la comisaría de Chablekal y que reflejan los malos manejos de las finanzas municipales y también la mala calidad de la obra. Ahí se invirtieron casi 12 millones de pesos, en una obra cuya carretera ahora tiene parches.

En mi labor como gestora de beneficio social tuve la oportunidad de asegurar a varias familias bajo el programa “Póliza de Seguro para Madres Jefas de familia”, que anunció el Presidente Enrique Peña Nieto.

Por iniciativa propia, en el mes de enero los comisarios y subcomisarios de Chichi Suárez, Yaxché Casares y San Antonio Hool, presentaron un informe de su gestión ante sus comunidades, convirtiéndose de ese modo en las primeras autoridades auxiliares en cumplir con este principio democrático.

Posteriormente, y en una clara muestra de unidad, y de manera colectiva, solicitaron para las comisarías de San Antonio Hool, Santa María Yaxché y Sodzil Norte la construcción de sus respectivos locales, petición sentida que nunca ha sido atendida. 

También resulta satisfactorio, que en la Sesión de Comisiones de Atención y Servicios Administrativos propuse en mi calidad de Regidora e integrante de la Comisión, la capacitación en el área de informática a las autoridades auxiliares, ante la negativa de no otorgarles las herramientas de trabajo digitales si no demostraban que contaban con experiencia en el área de Computación. En días pasados, las autoridades auxiliares recibieron su Constancia de haber acreditado este curso de capacitación que proporcionó el Ayuntamiento de Mérida, atendiendo a mi propuesta en dicha Comisión, luego de casi dos años de haberlo solicitado.

La Unidad es un valor que distingue a nuestro Partido y es una práctica de todos los días. 

Siembre buscando el bienestar de las comunidades, en la Sesión Ordinaria de Cabildo del día 15 de Abril de 2013, propuse un Reglamento que esclarezca la situación jurídica de las autoridades auxiliares, para que dejen de ser considerados como empleados del Ayuntamiento, puesto que son autoridades electas por el voto popular en sus comunidades en un proceso constitucional. 

Buscando complementar esta propuesta, los comisarios y subcomisarios, también firmaron en unidad una solicitud dirigida al Presidente Municipal en la que plantean la homologación de sus sueldos y el reconocimiento del pago de sus prestaciones como lo son sus vales de despensa, que recibieron a partir del sexto mes del inicio de sus funciones, como si fueran empleados municipales. Todo lo contrario a los funcionarios municipales que desde el primer mes reciben este beneficio. 

Sin que a la fecha, en 2014, haya algún interés por resolver este problema. 

Como una respuesta simple, raquítica e insuficiente, el Ayuntamiento presentó una contrapuesta con fines políticos electorales, y como siempre, beneficiando sólo a algunos cuantos, que consistió en cambiar la denominación de 16 subcomisarias a comisarias lo que no resuelve en nada la solicitud de las autoridades auxiliares en materia de la Homologación de sus percepciones.

Aun así, en la Sesión Extraordinaria de Cabildo del día 25 de agosto pasado, presenté nuevamente la propuesta con el objetivo de Homologar las prestaciones de las Autoridades Auxiliares, la cual fue desechada por la mayoría panita.

Sin embargo, no daré marcha atrás, seguiré buscando que se reconozcan sus derechos respetando las garantías que su investidura les confiere como autoridades electas.

A lo largo de esta administración, he señalado en innumerables ocasiones la violación y las arbitrariedades cometidas en el Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de las obras del ramo 33, mismo que define el proceso de priorización de las obras en el rubro del combate a la pobreza.

El Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33 es toda una simulación. Sesionando a puertas cerradas en total congruencia la sentido de participación social que debería tener la asignación de obras. Violando el artículo cuarto del ordenamiento correspondiente.

Durante la malograda gestión del ex director de Desarrollo Social Municipal, se dejó en claro la orientación clientelar y partidista de la política social panista. Mientras que a 9 comisarías y subcomisarias de extracción panista se les asignó el 52.7 % de la inversión de obra pública priorizada en el año 2013, al resto se les dejó el completo abandono.

Haciendo énfasis en una situación particular, resulta el caso de la Comisaría de Caucel, donde la autoridad auxiliar es familiar del coordinador de los regidores de acción nacional; siendo ambos integrantes del Comité de Participación Ciudadana, dando como resultado una marcada preferencia en la asignación de obra pública hacia la Comisaria de Caucel con la ejecución de 118 obras en el 2013, con una inversión ejercida de $ 16 millones de pesos, contrastando con la cantidad mínima o nula en la asignación de obra a las demás comisarias.

Cumpliendo con ser una oposición responsable y propositiva, en la Sesión Ordinaria de Cabildo del día 30 de abril del presente año, entregué un Punto de Acuerdo ante el Cabildo parea la modificación del Manual de Funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana de Obras del Ramo 33; un nuevo Manual de Funcionamiento que permita acabar con la ilegalidad, la falta de equidad y favoritismo que prevalece en la Dirección de Desarrollo Social Municipal para la priorización de la obra social.

La política social del ayuntamiento tiene un claro sentido clientelar y partidista que demuestra la utilización de los recursos asignados a este rubro para lucrar con la pobreza y la desigualdad. 

Lejos de modificar su conducta, el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, presentó un punto de acuerdo para nombrar al Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN, Julio Sauma Castillo, como el nuevo titular de la Dirección de Desarrollo Social. 

El directivo panista entró a sustituir al anterior director, quien se alejó de sus funciones sin rendir un informe claro de la situación que dejó en la dependencia municipal. Por este nombramiento, los regidores presentamos un recurso de inconformidad ante la contraloría municipal el cual nunca fue respondido.

La falta de capacidad en el manejo de los programas sociales y el incumplimiento de las reglas de operación de los mismos han llevado al desperdicio de recursos.

Producto de las malas priorizaciones, se cancelaron 68 obras en perjuicio de 12,829 ciudadanos de Colonias, Comisarias y Subcomisarías de Mérida que representan un monto de $ 34’323,005.47 de pesos que se dejaron de ejercer.

Igual de grave fue que 7 parques: el “Maayel Nicté” en Emiliano Zapata Sur I y II, el Parque “Emiliano Zapata Sur III”, el Parque “Manuel Crescencio Rejón”, el Parque “Arboleda” en San Antonio Xluch, el Parque “Álamos del Sur”, las canchas de usos múltiples de Dzibichaltún y Chablekal, no fueron rehabilitados, a pesar que estas obras fueron plasmadas en el 1er Informe del Alcalde. La pregunta es: ¿Dónde quedaron $14,172,814.44 de esas obras que se supone iban a beneficiar a 8,044 vecinos de Mérida y sus comisarías?

Triste resulta que ni a primeras piedras llegaron.

Respecto al tema de ACCIONES DE VIVIENDA, el asunto es delicado, porque la forma en la cual se distribuyeron los Recursos Federales del Ramo 33 carece de certeza y transparencia en el manejo de estos recursos, además de presentar un aumento indiscriminado en los costos de construcción en cada una de estas acciones. 

En el análisis minucioso de las acciones de vivienda, y organizando la información de forma histórica, en base a los listados por la Comuna presentados y aprobados, es que puedo decir abiertamente que SOSPECHAMOS QUE ESTA ADMINISTRACIÓN ESTA LLEVANDO A CABO PRÁCTICAS DE DESVIO DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES DEL RAMO 33, AL INFLAR LOS COSTOS DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA, HASTA UN 132 %.

Como ejemplo, puedo citar la CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA, que en junio de este año, se priorizo con inversión promedio de $ 52 mil 815 pesos 37 centavos, y dos meses después, la misma acción tuvo un precio de $ 105 mil 786 pesos 78 centavos; es decir, un aumento indiscriminado de más de 100%.

Y esta misma práctica se sigue repitiendo en las obras y acciones priorizadas. Una larga lista interminable, como por ejemplo, destinar 85% de las acciones de vivienda a solo dos comisarías: San José Tzal y Yaxnic, en esta última se destinaron 93 acciones de vivienda, de las cuales 16 a un solo lote. 

Tal es el caso de la subcomisaría de Temozón, donde en una zona de alta plusvalía, el Ayuntamiento construyó una carretera de cuatro carriles beneficiando a los habitantes de una zona exclusiva residencial, usando recursos para combatir la pobreza. Esta vía, incongruentemente, no llega a la subcomisaría de Temozón.

Con esto queda muy claro, que la Política Social de Renán Barrera concha se distingue por el clientelismo político, la inflación de precios, y el desvió de recursos.

Los Regidores del Partido Revolucionario Institucional somos responsables con nuestro compromiso con los ciudadanos de Mérida y sus 47 comisarías y subcomisarias.

Que quede claro, NO estamos en contra del desarrollo de las comisarias y subcomisarias de Mérida. Votamos en contra de las probables prácticas de desvío de recursos públicos, de la opacidad en el manejo del erario, de la falta de imparcialidad, de la imposición de obras que dista mucho de una priorización y de precios inflados en obra pública, de la ineficiencia, del uso partidista con fines electorales de los recursos, del lucro con las necesidades de los más pobres, y la inequidad de las acciones de este Ayuntamiento y que ponen en duda su honorabilidad, su credibilidad, la veracidad y la equidad en sus acciones.

Comisarios y Subcomisarios, refrendo el compromiso que tengo con ustedes desde el primer día que tomé protesta como Regidora del Ayuntamiento de Mérida. Seguiré trabajando día a día con ustedes por el bienestar de sus comunidades y de los más de 52 mil vecinos que en ellas habitan.

Como Regidora del Ayuntamiento de Mérida, reconozco el esfuerzo que todos los días, los 365 días del año y las 24 horas del día, realizan en el desempeño de su trabajo en favor de sus comunidades y de las personas que menos tienen y que más lo necesitan. 

Mi compromiso es por todas las Comisarias y Subcomisarias de Mérida. Mi compromiso es con los habitantes del municipio de Mérida. Mi compromiso es con todos ustedes.

MUCHAS GRACIAS.