viernes, 20 de junio de 2014

junio 20, 2014
MÉRIDA, Yucatán, 20 de junio.- Agentes de la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía General del Estado, dieron cumplimiento a cinco órdenes de aprehensión en las últimas horas, emitidas en contra de igual número de padres de familia que se negaban a proporcionar la pensión alimenticia a sus hijos.


El primer caso fue el de Javier C.M., contra quien pesaba la orden 976/2010 emitida por el Juez Tercero Penal, tras la denuncia de Asís R.U. quien lo señala como probable responsable en la comisión del ilícito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, por lo que agentes ministeriales salieron en su búsqueda y dieron con él en la calle 26 x 61-A de la colonia Francisco I. Madero.

El segundo aprehendido fue Janitzio D.O. , de 47 años de edad y vecino de Conkal, contra quien pesaba una orden de aprehensión emitida por el Juez Séptimo Penal, tras la querella de Evangelina C.A., conforme al expediente 318/2013.

Un tercer caso se dio con la orden de aprehensión cumplida en la persona de Niger U.B., de 35 años y vecino de la colonia Emiliano Zapata Sur III, tras la denuncia de Loruhama K.B., generándose la orden de aprehensión 582/2014 que fue cumplida cuando el señalado fue localizado en el parque de La Mejorada en el centro de la ciudad.

El cuarto involucrado en este delito fue Miguel M.O. de 38 años y vecino del fraccionamiento Cuauhtémoc, de Kanasín, contra quien pesaba la orden 354/2010 emitida por el Juez Segundo Penal, tras la denuncia de Diana C.H., siendo localizado éste en el estacionamiento de Plaza Sendero.

Finalmente se logró dar por cumplida la orden marcada con el número 1391/2011, relativo a la causa penal 300/2011 girada por el Juez Séptimo Penal en contra de Mizraim P.K., tras la querella de Miriam S.O., habiendo estado prófugo el probable inculpado que se refugió en la ciudad de León, Guanajuato, de donde fue trasladado con base en una solicitud de colaboración con esa entidad.

Todos los involucrados fueron trasladados al área de seguridad de esta dependencia y posteriormente turnados al Juez penal correspondiente quien será el encargado de definir su situación jurídica durante las 72 horas siguientes. (Boletín FGE)