lunes, 23 de junio de 2014

junio 23, 2014
MÉRIDA, Yucatán, 23 de junio.- Ante la negativa del Congreso del Estado de Yucatán de legislar en materia de matrimonio y concubinato igualitario, las organizaciones civiles Indignación AC, Oasis de San Juan de Dios y UNASSE interpusieron una acción por omisión legislativa ante el Tribunal Constitucional del estado de Yucatán integrado por todas y todos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

El pasado 16 de mayo, las organizaciones que promovieron la acción por omisión legislativa criticaron duramente la falta de disposición para legislar en pro de las familias homoparentales (foto: JMRM)


De acuerdo con Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Indignación A.C., la acción fue admitida el martes tres de junio por el Tribunal y turnada al magistrado Santiago Altamirano Escalante para comenzar el estudio del caso y la elaboración de un proyecto que será discutido en las sesiones del Tribunal.

El también miembro la red de abogados y promotores del Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt de la organización civil Letra S añadió que esta acción responde a la negligencia de los diputados locales para legislar en materia de igualdad y no discriminación, a pesar de que desde noviembre de 2012 existe una iniciativa de ley en el Congreso estatal para reconocer el matrimonio y concubinato a las parejas del mismo sexo, hecho que significa una violación al derecho a la no discriminación por preferencia sexual protegido por la Constitución Federal, tal como lo acreditan los 13 amparos otorgados por jueces federales a parejas del mismo sexo a las que el registro civil ha negado la posibilidad de casarse..

La acción fue presentada el pasado 16 de mayo, con motivo del Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, bajo el argumento de que a nivel nacional hay varios precedentes en la materia y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hay clausulas antidiscriminatorias que han sido retomadas por la Constitución del Estado y que obligan a las autoridades de todos los niveles a realizar políticas públicas para erradicar las situaciones de discriminación por preferencia sexual, incluyendo modificaciones legislativas para reconocer derechos hasta la fecha negados

Fernández Mendiburu señaló que la búsqueda del reconocimiento del matrimonio igualitario en la entidad comenzó en 2008 cuando un grupo de organizaciones civiles promovió una iniciativa popular para juntar firmas y presentar una propuesta legislativa ante el Congreso para aprobar el matrimonio y concubinato igualitarios, siendo la primer entidad del país en hablar de matrimonio; sin embargo,  sólo se pudieron recabar la mitad de las tres mil firmas requeridas.

Como respuesta, explicó, la jerarquía católica y organizaciones cercanas presentaron una iniciativa popular denominada “a favor de la familia”, cuyo objetivo era constitucionalizar la restricción ya existente en el código civil de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

Además, indicó,  desde 2009, cuando se presentó un amparo contra la aprobación de esta normativa, este se desechó porque, a criterio de los jueces federales, no había manera de que las personas interesadas se acreditaran como homosexuales.

A partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y de los precedentes sentados por la Suprema Corte de Justicia, varias parejas del mismo sexo han exigido su derecho a ser reconocidas como familia y hasta el momento se han ganado 13 amparos que reconocen su derecho a casarse y fundar una familia, señaló el docente.

De igual manera, Yucatán es de los pocos estados de la República en donde el poder judicial del estado ha reconocido como concubinos a una pareja del mismo sexo, mencionó.

En caso de que el Tribunal Constitucional del estado declare procedente el recurso, refirió, el Congreso del estado se vería obligado a modificar la Constitución y Código de Familia local a fin de que se actualicen las definiciones de matrimonio y concubinato, es decir a diferencia de los amparos, la sentencia de este recurso tendría efectos generales,  pues el Congreso tendría que reformar la ley a favor de las parejas del mismos sexo. (Leonardo Bastida Aguilar para NotieSe)