viernes, 9 de mayo de 2014

mayo 09, 2014
MÉRIDA, Yucatán, 9 de mayo.- El riesgo de morir durante el parto es tres veces más alto entre las mujeres indígenas que entre las mujeres no indígenas y las mujeres que viven en los 125 municipios del país con menor índice de desarrollo humano tienen más del doble del riesgo de fallecer cuando dan a luz que el resto de las mexicanas, advierte en entrevista la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.

La propuesta legislativa busca garantizar la atención universal de las emergencias obstétricas del embarazo, parto o puerperio en materia de mortalidad materna, independientemente de la derechohabiencia de un instituto o de otro, o incluso en caso de que la mujer no cuente con ese servicio, detalló la legisladora federal Rosa Adriana Díaz Lizama.

La legisladora yucateca, quien actualmente forma parte de la Mesa Directiva del Senado, asevera que la mortalidad materna tiene una estrecha relación con la pobreza, la exclusión y la marginación y que diversos estudios revelan que la mortalidad materna en la mayoría de las veces puede ser prevenible.


En las zonas rurales, explica, tenemos una severa dispersión en la atención y la cobertura de los servicios de salud, en contraste con la concentración de infraestructura y servicios médicos que se reporta en áreas urbanas.

--Cifras del Observatorio de Mortalidad Materna nos indican que el 75% de las muertes ocurridas en 2011 fueron por causas directas, como la preeclampsia o enfermedades hipertensivas del embarazo, trauma obstétrico, hemorragia, sepsis y aborto, que son prevenibles con recursos tecnológicos y atención médica adecuada y oportuna. El 30% de los fallecimientos no ocurrió en instituciones hospitalarias.

Ante esta situación, un grupo de senadoras, entre ellas Martha Elena García Gómez (PAN), Mónica Arriola Gordillo (Nueva Alianza), Angélica de la Peña Gómez (PRD), Sonia Mendoza Díaz (PAN) y Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) prepararon y presentaron una nueva iniciativa para modificar la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE.

La propuesta legislativa busca garantizar la atención universal de las emergencias obstétricas del embarazo, parto o puerperio en materia de mortalidad materna, independientemente de la derechohabiencia de un instituto o de otro, o incluso en caso de que la mujer no cuente con ese servicio.

--Es necesario cohesionar el Sistema Nacional de Salud y brindarle a las mujeres de manera solidaria una opción inclusiva y oportuna que les permita tener acceso a los servicios de salud materno-infantil, en cualquier emergencia obstétrica que se les presente --explica Rosa Adriana Díaz.

--Tenemos que ponerle un alto a este tipo de violencia, la violencia obstétrica.

--El Sistema Nacional de Salud debe considerar la portabilidad de la derechohabiencia, o incluso que no la tengan, en especial de las mujeres que se encuentran en condiciones de alta y muy alta marginación.

--Se requiere insistir en la necesidad de profesionalizar y sensibilizar a todo el personal del Sector Salud: médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, al personal de intendencia y todas y todos aquellos que colaboran en las clínicas y hospitales que atienden a las mujeres en edad gestacional --señala.

La senadora yucateca indica que en el caso de los municipios con alto y muy alto índice de marginación y aislamiento geográfico, el riesgo de muerte aumenta hasta 9 veces que en los municipios mejor comunicados. Las entidades federativas con mayor índice de mortalidad materna son Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nayarit y Oaxaca, en los cuales la razón de mortalidad materna son superiores a 80 por cada 100 mil personas nacidas vivas.

--También hay otros factores que agravan los índices de mortalidad materna, como infraestructura inadecuada para emergencias obstétricas, ausencia de equipos de emergencia y personal médico frente a embarazos de riesgo, desabasto de medicamentos, desconocimiento de la lengua indígena, nacimientos prematuros a causa de violencia familiar, la presión conyugal o comunitaria que favorecen maternidades tempranas o tardías, la falta de información sobre métodos anticonceptivos.

--Incluso la doble o triple jornada de trabajo durante el embarazo es un factor de riesgo, el escaso ingreso de las mujeres o la migración como única opción para obtenerlo, pues afecta tanto a los niños como a la madre, ya que en los lugares de destino a veces no se cuenta con las prestaciones laborales que le permitan tener una adecuada atención durante el embarazo y el posparto.