ESTADO DE MÉXICO, 9 de mayo.- Pasaron más de mil días para que familiares de víctimas de feminicidio en el Estado de México tengan la esperanza de que se haga justicia para cada una de las más de cien mujeres asesinadas en la entidad por el simple hecho de ser mujeres.
El pasado mes de marzo, el juez otorgó un amparo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) para que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradicar la Violencia contras las Mujeres, encabezado por la Secretaría de Gobernación, comience el proceso para investigar la posibilidad de la declaración de una alerta de género en el estado como lo solicitó en diciembre de 2010 el Observatorio y la Comisión
Ante esta resolución, el 28 de abril, el Sistema determinó revisar la solicitud entregada por el OCNF hace tres años para e emitir una Declaratoria de Alerta de Género en la entidad, cuyo fin es identificar las irregularidades en las que ha incurrido el sistema de justicia para detectar el patrón de impunidad y violencia sistemática que imposibilitan y obstaculizan el avance en las investigaciones para el acceso a la justicia a víctimas de violencia y feminicidio.
A fin de cumplir con la orden del juez, el Sistema está obligado a dar a conocer los resultados de su investigación el próximo lunes 12 de mayo.
María de la Luz Estrada, titular del OCNF explicó que este mecanismo de protección contra la violencia de género se creó a partir de la lamentable experiencia de Ciudad Juárez con el objetivo de evitar una descomposición mayor del tejido social mediante la generación de acciones por parte de las autoridades para evitar más violencia hacia las mujeres.
Sin embargo, acotó, hasta el momento no se ha podido poner en marcha en ninguna entidad del país a pesar de las altas cifras de violencia de género.
Para la también maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales la situación más apremiante es que en 2013, las autoridades mexiquenses se negaron a revelar las cifras de mujeres asesinadas en la localidad bajo el argumento de que no estaban autorizadas a desagregar por sexo la cifra de mil 900 asesinatos cometidos en la entidad.
Estrada añadió que en años anteriores se les habían facilitado los datos mediante solicitudes de acceso a la información y en esta ocasión solo les indicaron que se investigan 30 posibles feminicidios.
La campaña
Para apoyar la emisión de la declaración de una alerta de género en territorio mexiquense, el OCNF y la CMDPDH lanzaron la campaña “Ni un feminicidio más en el Estado de México” consistente en la recolección de firmas por medio de la plataforma digital change (https://www.change.org/es-LA/peticiones/no-m%C3%A1s-feminicidios-en-estado-de-m%C3%A9xico-alertadegeneroya) para ser entregadas el próximo miércoles 14 de mayo al titular del ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.
Dicha misiva exige a la Presidencia de la República y al Sistema garantizar que el proceso de declaración de alerta de género no sea simulado; que haya imparcialidad en la investigación, y que sean expertos con trayectoria quienes participen en ella.
Asimismo, se pide a los usuarios de redes sociales como Facebook y Twitter visibilizar la situación y difundir la carta a sus contactos y seguidores.
Largo trajín
La solicitud de alerta de género en el Estado de México fue presentada ante el sistema en 2010 debido a que de enero de 2005 a agosto de 2010 se habían registrado 125 asesinatos de mujeres en la entidad, siendo los municipios de Ecatepec de Morelos, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli, los de mayores índices de violencia de génerop y feminicidios.
Del total de los casos de homicidios dolosos, en 60.63 por ciento, las mujeres murieron como consecuencia de traumatismos craneoencefálico, heridas punzocortantes y asfixia por uso excesivo de la fuerza física, es decir, seis de cada 10 mujeres asesinadas en territorio mexiquense fueron victimadas en actos con un alto grado de violencia que evidencian el uso excesivo de la fuerza física.
Tras haber presentado la solicitud de alerta de género al Sistema; éste en sesión extraordinaria realizada en enero de 2011 decidió negar la procedencia de dicha solicitud sin tomar en cuenta los hechos y pruebas que acompañaban la solicitud.
Un mes después, el OCNF y la CMDPDH presentaron una solicitud de amparo, el cual recayó en el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el DF, con el número de expediente 98/2011 bajo el argumento de falta de fundamentación y motivación de las integrantes del Sistema Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Un año más tarde, en febrero de 2012, el juez concedió el amparo a las organizaciones de derechos humanos por el rechazo del Sistema de investigar la violencia feminicida en el Estado de México y ordena a las autoridades federales y estatales que integran el Sistema, que analicen la procedencia de la solicitud de investigación presentada por las organizaciones de derechos humanos, considerando que la citada solicitud cumplió con todos los requisitos legales para se dé inicio a la investigación por la violencia feminicida en el Estado de México.
El 26 de marzo de ese mismo año, las titulares de los Mecanismos de Adelanto para las Mujeres de Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán presentaron un recurso de revisión en contra de la resolución del juez bajo el argumento de que el juez cometió un error en su sentencia, ya que autoridades no son responsables de la situación porque la decisión deviene de un órgano colegiado.
Tras analizarse la apelación, en abril de 2013, el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió confirmar la sentencia del juez de distrito. Un mes más tarde, el juez determina que el Sistema tiene tres días para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Los integrantes del Sistema dicen que no pueden cumplir la sentencia hasta que se convoque a sesión extraordinaria.
En medio de presión para que se realice la sesión, en junio, el Sistema se reúne y anula el acto donde se negaba la alerta de género en 2011, varios integrantes aducen desconocer lo que el juez ha dictado.
En julio, el Sistema rechaza la Declaratoria bajo el argumento de que antes de que se solicitará la Alerta no existía la tipificación del feminicidio y que las organizaciones no demostraban exactamente en qué lugar eran encontradas las víctimas.
En septiembre, el mismo juez determina que el Instituto Nacional de las Mujeres no cumple con los elementos del fallo protector y sólo ha anulado el acto anterior. Por esta razón, dio 10 días para cumplir con la sentencia del amparo.
Dos meses después, el juez determina que el Sistema no cumple con el amparo y ordena que se lleve de nuevo una sesión extraordinaria en donde den inicio a la investigación de la Alerta de Género, pues no se puede negar una Alerta si no se comienza una investigación.
El 5 de noviembre de 2013, la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación interpuso un recurso de queja contra el acuerdo. En enero, el Tribunal Colegiado de Circuito volvió a atraer el recurso con el número de toca 213/2013, y en marzo resolvió otorgar de nueva cuenta el amparo para iniciar la investigación. (Leonardo Bastida Aguilar para NotieSe)
