viernes, 11 de abril de 2014

08:02:00
MÉXICO, 11 de abril.- Existen numerosas propuestas de ley que buscan limitar, inhibir e incluso criminalizar la protesta social, ya sea en los espacios públicos o en el ciberespacio, advirtieron ayer organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.

Foto: Archivo

Al anunciar el surgimiento del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, activistas señalaron el riesgo inminente de que sean limitados los derechos a la libertad de expresión y a la libre asociación, consagrados en la Constitución mexicana, en caso de que se aprueben iniciativas que están siendo discutidas en órganos legislativos locales y federales.

En el Distrito Federal, San Luis Potosí, Quintana Roo y Jalisco, se han presentado propuestas de ley para “reglamentar” las marchas y las protestas públicas, a la vez que se prepara la publicación de la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, el cual rige la suspensión de garantías individuales en casos extraordinarios. Asimismo, en los últimos meses del año pasado se aprobaron reformas al Código Penal que dejaron abierto el concepto de “terrorismo” y recientemente la Suprema Corte Justicia de la Nación avaló la geolocalización (ubicación de una persona mediante la señal de su teléfono celular) sin ninguna orden judicial de por medio. Sumado a esto, la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión plantea la posibilidad de interrumpir las comunicaciones electrónicas, telefónicas y de Internet en virtud de asuntos de “seguridad nacional”.

“Estamos frente a la construcción de un andamiaje legal para criminalizar la protesta social”, alertó Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. De esta manera, agregó, el Estado “limita expresiones de disenso y deja entrever su obsesión por el control de todos los espacios donde se pueda originar la organización social”.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19, señaló que la llamada Ley Telecom establece una serie de mecanismos de censura previa, con lo cual se violenta el principio de neutralidad de Internet, uno de los preceptos para la red reconocidos internacionalmente. Así, el gobierno mexicano podría ordenar a los proveedores de servicios que se bajen contenidos que se consideren ilegales.

“Una de las iniciativas más escandalosas” del proyecto de ley de Enrique Peña Nieto, siguió el activista, es el artículo 197 que contempla el bloqueo de señales por motivos de seguridad nacional y seguridad pública, conceptos ambiguos que no están definidos en esta iniciativa, pero sí se mencionan en la Ley de Seguridad Nacional, la cual sanciona “actos tendientes a…” y no actos consumados.

Piden a la CNDH defender las libertades individuales

Para Miguel Moguel, de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, lo que está en juego con esta serie de iniciativas de ley es la posibilidad de expresar las ideas, mostrar las opiniones y demostrar la indignación. Estas posibilidades están reconocidas en instrumentos internacionales, afirmó, por lo cual el Estado tiene la obligación de cumplirlas, protegerlas y garantizarlas.

De acuerdo con el activista, diversos organismos internacionales ya están al tanto de los riesgos que corren los derechos de la población mexicana, entre ellos la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También informó que este lunes 7 de abril se envió una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitándole que interponga una acción de inconstitucionalidad para echar atrás una ley que “contraviene los estándares mínimos de derechos humanos”, es decir, lo referente al terrorismo en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La campaña

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social resume sus exigencias en tres puntos: que el Poder Legislativo (federal y locales) deseche iniciativas contrarias a los derechos humanos, que la CNDH y sus homólogas locales asuman su responsabilidad de proteger los derechos humanos, y que el Poder Ejecutivo Federal y los locales se abstengan de violentar derechos durante las marchas, se abstengan del uso de la fuerza y de aplicar acciones penales y administrativas.

Además del llamado a unirse a la campaña con el uso del hashtag #QueNoTeApaguen en las redes sociales, las organizaciones involucradas llamaron a una marcha este jueves 10 de abril, la cual partirá a las 18:00 horas de Televisa Chapultepec hacia el Senado de la República. (Rocío Sánchez para NotieSe)