miércoles, 23 de abril de 2014

01:40:00
Juan Acuesta Rodríguez

En alusión a las notas publicadas domingo y lunes en el Diario de Yucatán procedentes del resultado de las encuestas del INEGI, es prudente hacer las observaciones pertinentes:

Las encuestas del INEGI son encuestas muy directas pero también muy escuetas, que dan pie a una serie de confusiones, desaciertos y malentendidos por el formato de las mismas, así como el desconocimiento de muchos procedimientos legales que se dan dentro de la propia Secretaría de Educación (SEGEY).


Como ejemplo, cada año se llevan a cabo los cambios territoriales. Estos cambios territoriales son derechos que los maestros y los administrativos de la SEGEY ejercen de una manera legal como, por ejemplo, si un maestro o administrativo que radica en las cercanías o en la ciudad de Mérida y que con cierta frecuencia tiene que desplazarse hasta Pisté, cuando llega el momento de los cambios geográficos, ejerce su derecho de solicitar lugares más cercanos al de su residencia de origen, lo cual le favorecería, obviamente, en disminuir los gastos que implica el estar más lejos, desde gasolina, casa habitación, alimentación, luz, agua y todos los pagos que esto implica.

En esto formatos se ofertan tres opciones, que son, la primera opción, por decir un municipio, Seyé; segunda opción, Hoctún, y tercera opción, Libre Unión. Si existe la posibilidad de movimiento de ese trabajador, se le va a otorgar a través de un nombramiento que va a expedir la propia Secretaría, en común conocimiento y acuerdo con los sindicatos.

Ahora bien, estos movimientos son totalmente legales; el problema es que en la fase administrativa de la misma SEGEY, se lleva a cabo un tortuguismo en la actualización y realización de todo el trámite de su base de datos.

¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador resultó favorecido para alguno de los lugares que solicitó, físicamente y legalmente a partir de agosto estará trabajando en uno de ellos, pero su cheque y su nombre nominal seguirá saliendo en Pisté por un tiempo prolongado, lo que obliga al trabajador a desplazarse quincena a quincena a su antiguo centro de trabajo para cobrar o firmar su nómina, o esperar que esa nómina regrese a pagaduría -lo que lleva casi una semana- para que pueda firmarla y cobrar su sueldo de manera atrasada.

Obvio, si INEGI llega a Pisté y le presentan la nómina o la lista de docentes, ese nombre va a seguir figurando allá aunque físicamente y legalmente ya se encuentre en otro centro laboral.

Un caso similar es el de los comisionados. Algún maestro puede ser que asome en la nómina de alguna escuela, pero este mismo maestro puede ser que esté cumpliendo funciones comisionadas como director de algún subsistema de secundarias o como coordinador de algún programa o de algún departamento dentro de la misma Secretaría, trabajando aun más que si estuviera frente a grupo, y estas situaciones administrativas son perfectamente legales, aunque el nombre de este funcionario siga apareciendo en la nómina o lista de su antiguo centro de trabajo. La diferencia en este caso con respecto a los movimientos territoriales es que al término de su comisión o gestión, este empleado se reincorpore a su centro de trabajo previo.

En el caso de las defunciones, los deudos del trabajador en ocasiones tardan un poco en llevar el acta de defunción al lugar que corresponde. Sin embargo, aun haciéndolo en tiempo y forma, el nombre de la persona que falleció seguirá saliendo por algún tiempo dentro de la nómina y, obvio, dentro de la lista de los trabajadores, pero ese pago será retenido y, por consiguiente, devuelto al departamento que corresponde dentro de la dependencia, con la anotación correspondiente de por qué se retuvo el pago. Pero como mencioné, todo ese proceso administrativo para que desaparezca de los listados lleva un tiempo engorroso y es muy tardado; desconozco la razón de ello, por lo que al preguntar o al ver el listado, el INEGI diga "el difunto sigue cobrando", lo cual, la mayoría de las veces, es falso. 

Éstas son algunas de las explicaciones de lo que pudo haber arrojado la encuesta del INEGI, puesto que su formato, como dije anteriormente, es muy rígido y muy acartonado.

No quiero decir con esto que no existan irregularidades de esta índole dentro de la Secretaría, porque sí las debe de haber; pero definitivamente esa cifra publicada por un diario, obtenida de los resultados de las encuestas verificadas por el INEGI, sería muy inferior a la publicada.

Creo que es una nota muy sensacionalista y amarillista, tratando de desconfigurar la imagen de alguien dentro de la Secretaría.

Creo que el periodismo debe ser una profesión muy seria y sobre todo muy ética, para poder realizar este tipo de afirmaciones.

Los periódicos, sabemos que para vender tienen que publicar este tipo de periodismo mal concebido, dirigido más bien a sus intereses económicos, pero también a intereses políticos.

Seguramente seguirá saliendo este tipo de informaciones sobre algunas secretarías, pero yo le sugeriría al INEGI que revise bien sus encuestas y las modifique, para que sean más veraces y menos tendenciosas.

A los lectores les sugiero que antes de crear un escándalo o un barullo por este tipo de publicaciones, las tome con cierta reserva y con madurez. Acuérdense que vienen tiempos políticos y que la prensa, cual fuere, siempre tendrá intereses  políticos, sociales y, más que nada, económicos, porque su negocio es vender y más que crear opinión, crear incertidumbre y molestia dentro de los lectores.

Además, se publica estando cercano el Día del Maestro.

Es cuanto.