CIUDAD DE MÉXICO, 6 de marzo.- El secretario de Transportes y Vialidad, Rufino León, desobedeció la orden del jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera de cumplir la ejecutoria laboral dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo, el pasado 7 de febrero, en restitución de los derechos conculcados al trabajador José Manuel Guerrero Ramos, despedido injustamente por la administración en noviembre de 2003.
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| El jefe de Gobierno del DF, Miguel Mancera y su secretario de Transportes y Vialidad, Rufino León (Foto: Archivo) |
En un comunicado oficial, el jefe de Gobierno del Distrito Federal firmado por Héctor Serrano Cortés, ordenó “acatar sin dilación” lo ordenado por el Juez Sexto de Distrito, Máximo Ariel Torres Quevedo, de reinstalar al trabajador Guerrero Ramos en su mismo puesto en el que entonces se desempeñaba y de pagarle la cantidad de $935,200 pesos por salarios caídos y prestaciones en un plazo de diez días.
El secretario de Transportes y Vialidad decidió, por su parte, solicitar al juez una ampliación del plazo para “para cumplir con la ejecutoria”, el cual fue concedido por autoridad judicial. Sin embargo, el funcionario aprovechó la ampliación del plazo para interponer un recurso de queja, en desacato a lo ordenado por su superior, Miguel Ángel Mancera y por el mismo Juez Sexto de Distrito.
Se trata de uno de los juicios laborales más importantes en la historia del Poder Judicial en la Ciudad de México que abre la posibilidad de generar un acto de justicia para un trabajador. No obstante, el desacato del secretario de Transportes y Vialidad hacia su propio superior como es el jefe de Gobierno del Distrito Federal y hacia el Poder Judicial, representa para el trabajador Manuel Guerrero Ramos, una situación de alerta que vulnera el Estado de Derecho. Ante ello, se hace varios cuestionamientos, sobre la orden soslayada por el alto funcionario que podría implicar la posibilidad de trasladar el caso ante la Suprema Corte de Justicia.
En entrevista a Los Ángeles Press, advierte las implicaciones para la justicia laboral el que un funcionario público desacate la orden de un juez y dilate la justicia que ya de por sí ha tardado diez años en llegar. (Guadalupe Lizárraga para Los Angeles Press)
