lunes, 10 de febrero de 2014

23:28:00
MADRID, 10 de febrero.- El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ordenó la búsqueda y detención con prisión incondicional de cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por los delitos de genocidio, torturas y de lesa humanidad por la represión en el Tíbet.

“Jian Zemin ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que le hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana”, plantea la querella que el juez reproduce en el auto de prisión del expresidente chino.

La Justicia española ordenó hoy la búsqueda y captura del ex presidente de China, Jiang Zemin, y otros cuatro ex líderes de ese país, por delitos de genocidio, tortura y lesa humanidad en el Tíbet durante las décadas de los 80 y 90, reavivando un conflicto diplomático entre el gobierno conservador de Mariano Rajoy y el gigante asiático.

En noviembre pasado, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había ordenado al juez Moreno cursar las órdenes de detención de los cinco exlíderes chinos, en contra de la opinión del propio magistrado, quien hasta ese momento no había cumplido con la orden, que se concretó hoy.


De acuerdo con el auto del juez Moreno –girado a través de Interpol–, además de Jiang Zemin, presidente de China entre 1993 y 2003, se pidió la detención de Li Peng, primer ministro chino a fines de los 80 y principios de los 90; Qiao Shi, exjefe de seguridad china y responsable de la policía armada; Chen Kuiyuang, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Pelyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80.

El juez sostiene que los cinco se encuentran en “paradero desconocido”.

“Hallándose Jiang Zemin en paradero desconocido, a fin de materializar lo ordenado por la sala y librar la orden internacional de detención”, y en virtud de una serie de ordenamientos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –señala–, “procede decretar la prisión provisional, incondicional y sin fianza del mismo” expresidente chino.

Ya en noviembre pasado, el gobierno chino externó su “fuerte malestar” por el procesamiento judicial en España.

El Congreso de los Diputados discutirá mañana una nueva modificación a la ley Justicia Universal para incidir en reducir sus alcances, como sucedió durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando esta ley sufrió una primera reducción.

Esta ley española se convirtió en un referente a raíz de que el juez Baltasar Garzón pudo abrir un procedimiento judicial contra el dictador Augusto Pinochet. Sin embargo, en el gobierno anterior –por el enfado y presión de Israel, cuyos dirigentes eran enjuiciados por una matanza en Palestina– redujo los alcances de dicha legislación.

El malestar de China llevó al gobierno de Mariano Rajoy a impulsar una reforma para restringir aún más esta norma para que los jueces españoles investiguen delitos cometidos fuera de territorio nacional.

Es sintomático que el juez Moreno haya emitido su auto de búsqueda y captura previo a la discusión de esa ley en el Congreso, que afectaría directamente a este proceso, porque los denunciantes no tenían la nacionalidad española cuando se produjeron los hechos.

Según el documento del juez, el expresidente chino “promovió e implementó de forma activa políticas cuyo objetivo era poblar la región autónoma del Tíbet con una mayoría de etnia Han, detener a miles de tibetanos durante largos períodos de tiempo, torturar a los detenidos y someterlos a otros abusos ilegales tanto físicos como mentales”.

Sostiene que “Jiang Zemin sometió a los tibetanos de forma indiscriminada a políticas de planificación familiar forzosas que incluían la práctica extendida de abortos y esterilizaciones forzosas”.

Y el pueblo tibetano fue sometido a menudo y de forma generalizada “a torturas” a través de lo que llamaron Foros de Trabajo sobre el Tíbet, que los denunciantes consideran parte una “estrategia de colonización” de la región “con el traslado masivo de población china”.

El exprimer ministro Li Peng, junto con el consejo de Estado, “emitieron los decretos de la ley marcial para el Tíbet en marzo de 1989” e impuso las condiciones de la elección de un nuevo Lama tras la muerte de X Panchen Lama, siempre bajo la autorización del gobierno chino. (apro / Télam)