MÉXICO, 22 de febrero.- A una semana de haber recibido la notificación por parte de la juez primera de distrito en materia administrativa, Paula María García Villegas, de que se otorgaba el amparo contra el artículo 24 fracción VII de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, la abogada Bárbara Zamora comentó a los medios de comunicación que, por el momento, la resolución legal beneficiará a 30 trabajadoras sexuales.
La integrante del bufet jurídico Tierra y Libertad explicó que esta sentencia representa una “revolución jurídica” debido a que es de las pocas resoluciones legales en el mundo que equipara al trabajo sexual con cualquier otro trabajo, y por tanto, otorga a quienes lo ejercen, el derecho al acceso a los servicios de salud, a educación y a todos los beneficios brindados por la Ley del Trabajo a los trabajadores no asalariados, entre ellos, formar sindicatos.
La abogada acotó que este amparo beneficia a aquellas mujeres o mujeres trans mayores de 18 años que por su propia voluntad ejercen el trabajo sexual en calles, casas, hoteles o cualquier otro sitio, actividad que, aseveró, no era considerada un delito sino una falta administrativa.
Ante la resolución, añadió Zamora, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaria de Trabajo local, tendrá que emitir unas credenciales para que las trabajadores sexuales beneficiarias del amparo no sean extorsionadas por elementos de Seguridad Pública ni por ninguna otra autoridad capitalina o federal en la Ciudad de México.
Esto se debe, explicó, a que, de acuerdo con el amparo, el artículo 24 fracción VII, cuyo contenido establece que es una infracción contra la tranquilidad de las personas “invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso sólo procederá la presentación del probable infractor cuando exista queja vecinal”, quedó derogado debido a una contraposición al artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La abogada comentó que las autoridades capitalinas ya fueron notificadas sobre la resolución y espera que a la brevedad emitan los documentos necesarios a las beneficiarias del amparo, y más adelante, a otras trabajadoras sexuales que deseen ser reconocidas como trabajadoras no asalariadas.
Sobre una posible negativa del gobierno de la Ciudad de México para acatar el amparo, la especialista en derechos humanos indicó que es “irrefutable” y en caso de no ejecutarse las acciones establecidas, se incurre en un desacato a una resolución judicial, lo cual conllevaría a la destitución de quienes se hayan negado a cumplir la resolución y a su consignación ante un juez penal.
Este amparo, mencionó, podrá servir como antecedente para que trabajadoras sexuales de otros municipios y entidades de la República Mexicana recurran a amparos para el reconocimiento de su profesión y evitar ser vulnerables ante las extorsiones por parte de autoridades o grupos organizados.
Por su parte, Jaime Montejo de la organización civil Brigada Callejera “Elisa Martínez”, indicó que si bien la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual como cualquier otra profesión comenzó hace casi dos décadas, su búsqueda se intensificó a partir de los operativos anti trata ejecutados por el gobierno capitalino debido a que vulnerabilizan a aquellas personas que deciden comercializar su cuerpo por su propia cuenta, “pues confunden la trata con el trabajo sexual”.
Elvira Madrid, presidenta de la organización, refirió que esta búsqueda nunca fue apoyada por ningún organismo, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ni el gobierno capitalino, e incluso, la Asamblea Legislativa del DF emitió un diagnóstico en el que reconocía que el trabajo sexual no era un delito “pero tampoco era algo muy bueno”.
Por el momento, comentaron los integrantes de Brigada Callejera, hay al menos otras 90 trabajadoras sexuales interesadas en beneficiarse con el amparo por lo que se estudiará la posibilidad legal de solicitar las credenciales que las acreditan como trabajadoras no asalariadas sin necesidad de interponer un recurso legal. (Leonardo Bastida Aguilar para NotieSe)
