CIUDAD DE MÉXICO, 7 de enero.- Organizaciones y militantes de diferentes colectivos acusaron a Miguel Ángel Mancera, así como a funcionarios de su gobierno y del Poder Judicial local, de incurrir en el delito de privación ilegal de la libertad contra Jorge Mario González García, uno de los jóvenes detenidos el 2 de octubre.
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| Foto: http://revoluciontrespuntocero.com |
A través de una carta responsabilizaron a Mancera, al secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida; al procurador Rodolfo Fernando Ríos; a la juez penal Marcela Ángeles Arrieta, y al rector de la UNAM, José Narro, por las consecuencias para la salud del joven anarquista, exalumno del CCH Naucalpan, quien sostuvo una huelga de hambre en prisión durante 58 días.
Las razones, se afirma en el documento, radican en la oposición de Jorge Mario a la reforma educativa que aplica Narro Robles, así como por el hecho de que es anarquista.
“Lo están privando de su libertad por sus ideas”, sentencian.
El documento cuenta con el respaldo de la Asamblea de los Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio; Asamblea Universitaria Académica de la UNAM, Autonomía y Lucha de Clases; Coordinadora Autónoma de Costa Rica, y Asamblea del Pueblo de Costa Rica.
Además de Brigada Gráfica; Brigada Solidaria; Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical; Colectivo Barbas; Colectivo Nicandro Mendoza; Comité de Base Benito Juárez; Comité de La Resistencia; Comité Democrático de la sección 9 SNTE-CNTE, y Confrontación de Ideas Radio UAQ.
También por el Consejo Estudiantil de Lucha UACM; En Defensa de Coatlicue; Espacio Estudiantil Libertario CCH Azcapotzalco; JCR FES Aragón; La Voz de la Anarquía; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos; ONG No Alineadas del Estado de Sonora; Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Azcapotzalco, y Reunión de Diversos Trabajos Autónomos.
Asimismo, se asentaron las firmas de más de 300 personas en apoyo al documento en el que se añade que las autoridades han alargado indebidamente el proceso penal que se le sigue a González García aun cuando no existen pruebas de los delitos que se le imputan.
“El caso de Mario González, al igual que muchos otros en nuestro país, muestra con toda claridad que se ha impuesto en México un Estado de corte fascista, donde las voces disidentes pretenden ser acalladas con el hostigamiento policiaco, la persecución política, la tortura, la cárcel y el asesinato”, concluye el texto.
Los antecedentes
Desde octubre, la revista Proceso ha dado cuenta de las irregularidades en el caso de Jorge Mario González, detenido el 2 de octubre cuando viajaba, a bordo de un autobús de transporte público, de Ciudad Universitaria a Tlatelolco, con la intención de participar en la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil de 1968.
Esa tarde, en el Centro Histórico, el autobús fue detenido por agentes judiciales y granaderos, quienes capturaron a Jorge Mario, por presuntamente haber lanzado petardos desde las ventanillas del vehículo, provocando lesiones a transeúntes, daños en mobiliario público y en propiedad privada.
Días después de su detención, y ante la ausencia de pruebas, se le dictó libertad bajo caución, pero la Procuraduría capitalina argumentó que Jorge Mario era un individuo de peligrosidad social, una consideración que aceptó la juez Marcela Ángeles Arrieta para dejarlo preso.
A lo anterior se sumó el hecho de que Jorge Mario se cambió el nombre al momento de ser detenido, lo cual también incidió en el criterio de la juzgadora.
Hasta el momento, no existe denuncia por lesiones o daños en propiedad privada.
Peor aún, el gobierno de Mancera no ha querido aportar los videos de las cámaras urbanas que solicitó la defensa, y los supuestos daños al mobiliario público fueron descalificados por los propios peritos de la PGJDF, quienes determinaron que no había indicio alguno de los proyectiles que presuntamente disparó Mario, quien permanece en la cárcel por los dichos, no pocas veces contradictorios, de dos policías.
González García inició un ayuno que mantuvo por 58 días, hasta que su condición médica se tornó crítica. Las autoridades penitenciarias lo trasladaron a la torre médica del penal femenil de Tepepan, lo que sin embargo, no ha implicado una mejora para su salud, debido a la desatención con que lo mantienen confinado las autoridades carcelarias.
Estragos del ayuno
Una revisión médica practicada a Jorge Mario González el 17 de diciembre advierte que perdió casi la cuarta parte de su peso y presentó alteraciones gastrointestinales, entre otras afecciones que no fueron debidamente atendidas por el personal médico de Tepepan.
El 4 de diciembre, día en que suspendió su ayuno, el nosocomio penitenciario alimentó a Jorge Mario sin considerar la transición progresiva de alimentos, lo que desencadenó una pancreatitis, aun cuando los mismos estudios practicados en el reclusorio reflejaban que tenía una malnutrición grave con diferentes trastornos en su organismo.
En el informe, redactado y firmado por la nutrióloga Avelina Landaverde Martínez, destaca una conclusión:
“Se evidencia que han existido diferentes omisiones médicas y dietéticas que han favorecido el desarrollo de la pancreatitis y evitado su adecuada recuperación”.
Entre los aspectos médicos subrayados en el informe se destaca la urgencia de que se le asigne un plan nutricional que le permita recuperarse y reducir el riesgo de complicaciones pancreáticas, hepáticas y gástricas.
Familiares y amigos de Jorge Mario, quienes mantienen un campamento frente a las instalaciones del reclusorio, han denunciado con insistencia la reticencia de las autoridades penitenciarias por garantizar el derecho a la salud que tiene el interno, de ahí que, junto a la insistencia en que el gobierno capitalino ha promovido el aplazamiento del proceso penal sin aportar pruebas de culpabilidad, se insista en la liberación del joven anarquista. (Arturo Rodríguez García para Proceso)
