QUINTANA ROO, 21 de diciembre.- Autoridades judiciales y padres de los menores que le rociaron thinner a un perro acordaron que los agresores deberán cumplir trabajo comunitario en el Centro de Atención Canina del ayuntamiento de Benito Juárez.
El procurador Gaspar Armando García Torres indicó que los dos menores de 16 y 17 años fueron entregados a sus padres, después de que depositaron una caución de seis mil 400 pesos.
Sin embargo, indicó que antes de dejarlos en libertad se les informó que como parte de su rehabilitación tendrán que realizar trabajo social.
El funcionario refirió que ese tipo de decisiones se toman para evitar que los jóvenes reincidan, se le pueda dar seguimiento al caso y que cumplan con el acuerdo que se firmó ante la autoridad ministerial.
“Se trata, consideró, de un castigo ejemplar que va de acuerdo con la ley en protección de los animales y que es la primera ocasión que se toma en ese sentido”
“En la ley que atiende la protección a los animales no se establece que si se comete un delito o un hecho tipificado como tal, pero lo importante es que se pudo trabajar con los padres, se les hizo ver que por la forma que se dieron los hechos sí se ve que hubo una crueldad inusitada”, afirmó.
En cuanto al tercer joven involucrado en el incidente, la Procuraduría quintanarroense dio a conocer que tras ser consignado, se le ingresó al penal de Cancún por estar relacionado con delitos contra el medio ambiente y la fauna.
De acuerdo con la información, el Ministerio Público del Fuero Común ejercitó acción penal contra Samuel Rodríguez Tzab, de 18 años, por estar implicado en delitos contra el ambiente y la fauna, bajo la averiguación previa 3220/2013 en agravio de un perro de la raza boxer.
El incidente se registró la noche del pasado 17 de diciembre cuando tres jóvenes fueron reportados a la policía por vecinos del fraccionamiento Corales, al detectar que le habían rociado thinner a un perro y después le prendieron fuego.
La captura y puesta a disposición de las autoridades provocó la reacción de agrupaciones protectoras de animales que insistían en la aplicación de castigos severos a los menores, mientras que los familiares se opusieron a que realizaran servicios sociales.
García Torres indicó que tras analizarse la ley que se aprobó en 2012 a favor de los animales y su protección, se determinó aplicarla, fijando caución a los padres de los menores que participaron en estos hechos y consignando al mayor de edad.
Un reporte de la procuraduría refiere que la cuenta del veterinario superó los seis mil pesos por la atención al perro y que por eso se estableció esa cantidad para la fianza de los menores que quedaron libres. (Notimex)
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