Por su importancia para la comunidad universitaria, se reproduce el artículo del Dr. Víctor Manuel Fernández Medina publicado el sábado 23 de noviembre de 2013 en el Diario de Yucatán con el título El paro y los plantoncitos ¿para qué? El futuro de la Uady:
Lo que nunca, que yo recuerde, había ocurrido en la Uady: dejar de pagar al personal y la protesta de los dirigentes del sindicato del personal académico (Apauady), ocurrió. Estoy en la Uady desde 1971 y he visto correr las aguas: las limpias y las turbias.
Del primer caso las autoridades han expresado que se debe a que la SEP y Hacienda no les han dado la partida correspondiente a varias prestaciones, entre ellas la de la “prima de antigüedad”. Hoy comunican que los dineros para la prima de antigüedad, despensa, ayuda para renta, cubrir los incrementos del servicio médico, aportaciones para el fondo de jubilación y el ahorro para el retiro tampoco se incluyeron en el presupuesto de 2013. Tampoco se incluyeron los incrementos correspondientes a gastos de operación (D. de Y. 21-XI-2013). Hay la sospecha de que el paro fue acordado, por sugerencia del rector a los directivos sindicales. Aunque éstos juran y perjuran que el rector no los quería recibir y sólo por la información de los medios se enteraron. Se dice que el 13 de noviembre en la noche se reunieron con el rector y ¿decidieron el paro? De la reunión salieron a recoger las pancartas que ya estaban listan. ¡Qué previsores!
En primer lugar surge la interrogante: ¿Por qué las autoridades esperaron hasta el fin de año para comunicar esta situación? Debieron hacerlo del conocimiento de los académicos y del personal en general, y en conjunto planear la mejor estrategia para hacer las gestiones ante la SEP, Hacienda y el gobierno del Estado, y lograr que cumplan sus obligaciones financieras con la Uady. Es contradictorio que las autoridades de la Uady y las gubernamentales siempre que se ofrece propalen que la Uady es de las mejores de México, pero a la hora de proporcionar los recursos necesarios y suficientes para su operación, en primer lugar las remuneraciones que le corresponden al personal académico y administrativo que con su trabajo cotidiano de calidad hacen realidad la buena calidad académica de la que presumen en sus discursos y declaraciones las autoridades universitarias, estatales y federales.
Si hubiera una comunicación oportuna y fluida entre autoridades y personal, una relación de democracia académica entre directivos y los académicos, las sorpresas sorprendentes, como la actual, se podrían prevenir con la participación efectiva de toda la comunidad universitaria. No es así. Al personal no le consultan las medidas que los afectan, sino que se las comunican: Palo dado ni Dios lo quita. Así ha sucedido con medidas recientes, entre otras la de poner tecnología de punta -lector de rasgos faciales, que han de costar un buen dinero, para checar la entrada y salida del personal académico-: bien se sabe que la evaluación del desempeño académico poco o nada tiene que ver con las horas que pasan sentados en sus cubículos o “dando clases”. Pero los burócratas que no saben qué es lo que se requiere para un buen trabajo académico les es fácil adoptar una medida burocrática. Éste es un ejemplo de otros muchos. De entre esos iluminados saldrá el próximo rector.
Este año es la revisión contractual en la Uady y en ella se deben ratificar las prestaciones del personal, que bien lo merecen por tener a la Uady entre las mejores, a veces, muchas, a pesar de las autoridades. Estos actos de “enérgica” protesta de los directivos sindicales y de las comunicaciones cotidianas de las autoridades acerca de las finanzas universitarias parece ser que van encaminadas a trasquilar muchas prestaciones, en primer lugar la prima de antigüedad. Esta prestación es un porcentaje del salario nominal y es creciente conforme la antigüedad es mayor. Desde que se incluyó esta prestación también se acordó en los contratos laborales que, al jubilarse, todo el personal conservaría esa prestación como parte integral de pago por jubilación.
Hasta hoy persiste la duda de que si ahora, en la revisión contractual, la eliminarán junto con otras y se acrecienta porque no es la primera vez que lo intentan las autoridades con la aceptación sumisa de los dirigentes sindicales. Las dos ocasiones anteriores lo hicieron de manera subrepticia. Hace ocho años, cuando dieron a conocer el nuevo contrato, el personal se dio cuenta de que habían eliminado la cláusula en la que se dice que la prima de antigüedad se incluye en la jubilación. Cuando se protestó, los del sindicato se mostraron “muy sorprendidos” (a las “chuchas cueraras” con años de experiencia en revisiones contractuales se los “bailaron”). Bueno eso dijeron, aunque nadie les creyó. La restituyeron. Dos años después, en la siguiente revisión, ocurrió de nuevo, ahora con otra clase de “chicanada”: antes de la aprobación del nuevo contrato les dieron un ejemplar a cada trabajador indicándoles que las modificaciones que se proponían aparecían en “negritas”. Cuando algunos lo leyeron, desafortunadamente no todos, nos dimos cuenta que de nuevo habían modificado la cláusula referente a la prima de antigüedad para los jubilados y los que se jubilarán en el futuro: La trastada fue que no lo señalaron en “negritas”. De nuevo ante los reclamos y protestas dijeron, sindicato y autoridades, que había sido “un error”: peccata minuta.
Por lo anterior no está “jalado de los pelos” pensar que la alharaca actual -que tiene como eje el asunto de la prima de antigüedad- sea una “estrategia” para justificar la supresión de esa y otras prestaciones.
¿Lo lograrán?
