MÉXICO, 20 de noviembre.- La iniciativa de Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas prohíbe bloqueos de la vía pública y obliga a que las marchas sólo ocupen carriles laterales, y señala atribuciones a la CNDH y organismos estatales protectores de derechos humanos para actuar en forma oficiosa o a petición de parte, cuando los ciudadanos resulten afectados por movilizaciones en las calles.
En la sesión de hoy en el Senado se dio entrada a la iniciativa firmada por legisladores del PAN, PRI, PVEM y por el perredista Isidro Pedraza, y llegó con el respaldo de organizaciones de comerciantes, hoteleros, restauranteros, meseros.
El proyecto propone tener alcance nacional y se aplicaría incluso ante obstrucciones en carreteras, puentes, autopistas, casetas de cobro y otros espacios en que se impida el libre tránsito, que afecta, por ejemplo a estados como Oaxaca, Sonora Jalisco y Veracruz.
La propuesta regula las marchas, "con el objeto de permitir la sana convivencia de los manifestantes, y el ejercicio de los derechos subjetivos de los demás habitantes", y en ese sentido establece que las manifestaciones se lleven a cabo de las 11 a las 18 horas.
Los organizadores deben dar aviso con 72 horas de anticipación, a la Secretaría de Gobernación o a la entidad pública estatal, del Distrito Federal, municipal o delegacional, y la autoridad podrá modificar el recorrido por motivos de orden público.
"Los manifestantes deberán marchar sin armas, sin proferir injurias y sin violencia", y establece que en la vía pública sólo podrán usar 50% de la calle, siempre en el lado derecho de la acera o carriles laterales.
Las manifestaciones quedan prohibidas en un solo carril y los bloqueos, además de que la ley faculta a la autoridad federal a ejercer acción cuando las autoridades locales sean omisas en el cumplimiento de la ley, y en ese caso podrá actuar de oficio o a petición de parte.
Establece que "durante la realización de reuniones, protestas, manifestaciones o marchas, ninguna persona podrá cubrirse el rostro de modo que no pueda ser identificada a simple vista".
El proyecto señala que serían infracciones a la ley: alterar el orden público; proferir injurias, insultos o amenazas contra la autoridad o las personas; ejercer violencia contra cualquier persona; realizar actos que dañen los bienes de dominio público o privado; afectar las vialidades y el libre tránsito; utilizar uniformes de la fuerza pública o militar, y financiar una manifestación violenta.
Los castigos consideran la reparación del daño, el arresto administrativo, y actividades de apoyo comunitario, en las que se prevé limpiar, pintar, restaurar los bienes dañados; realizar obras de ornato en lugares de uso común, y realizar obras de limpia o reforestación en lugares de uso común.
La senadora Mariana Gómez del Campo (PAN) presentó la iniciativa a nombre de los firmantes, junto con Jesús Casillas (PRI), presidente de la Comisión de Movilidad; Javier Lozano (PAN), presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y otros legisladores. (Juan Arvizu para El Universal)
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