martes, 19 de noviembre de 2013

noviembre 19, 2013
MÉXICO, 19 de noviembre.- Con un llamado al Congreso y a las autoridades gubernamentales federales y estatales a no confundir el trabajo sexual con la trata de personas, y por tanto, elaborar una respuesta nacional sustentada en el respeto de los derechos humanos, trabajadoras y trabajadores sexuales de diferentes partes de la República concluyeron el XVI Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. 


Tras horas de discusión sobre las iniciativas de modificación a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, las y los integrantes de diferentes asociaciones de trabajo sexual reiteraron su negativa a la imposición de Estados de excepción a los contextos sociales donde se ejerce el comercio sexual. 

Además, cuestionaron que haya elementos de diferentes corporaciones policíacas, del sector salud y otras instituciones públicas inmiscuidos en las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y que, durante los operativos policíacos contra la trata de personas, no se rescate a ninguna víctima sino que sean trabajadoras sexuales independientes a quienes se obliga a firmar declaraciones sin leer. 

Consideraron que la criminalización del uso del condón entre trabajadoras y trabajadores sexuales durante los operativos policíacos contra la trata de personas -al asociar este método anticonceptivo con una presuntiva para fincar dicho delito-, viola el derecho a la salud y a la no discriminación de los trabajadores del sexo. 

Los asistentes al XVI Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual pusieron en entredicho a la Comisión de Trata de Personas del Senado de la República por no derogar las disposiciones de los Códigos Civiles por las cuales las trabajadoras sexuales pierden la patria potestad de sus hijos menores de 12 años, situación que, aseguraron, las pone en una situación de vulnerabilidad frente a las redes de explotación sexual. 

Distrito Federal 

Otro de los puntos a discutir fue la iniciativa de ley para regular el sexo servicio en la capital mexicana elaborada por el asambleísta Agustín Torres, del  que pretende “registrar” a las personas dedicadas al trabajo sexual, así como a los establecimientos mercantiles donde se ejerza este oficio, además de regresar a la práctica de la expedición de gafetes sanitarios por parte de la Secretaría de Salud capitalina para “verificar el estado de salud psicofísica para proteger a los clientes”, explicaron en un documento Elvira Madrid, Jaime Montejo y Rosa Icela Madrid, integrantes de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”. 

De acuerdo con el texto discutido en el Encuentro, dicha propuesta pretende imponer la emisión de permisos para ejercer el comercio sexual en espacios autorizados, lo cual, aseveraron los activistas, conlleva a la creación de zonas de tolerancia que permiten la trata con fines de explotación sexual pues la experiencia señala que ni los controles sanitarios ni la regulación de los comercios evitan la situación, por el contrario, en algunos casos sólo benefician a los empresarios del sexo. 

Sobre el reconocimiento de las y los trabajadores sexuales como trabajadores no asalariados del Distrito Federal, los activistas comentaron que la iniciativa de ley no menciona en ningún apartado el involucramiento de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del DF, organismo encargado de coordinar los trabajos en materia de políticas públicas sobre los trabajadores no asalariados capitalinos. 

Además, señala el documento leído en las sesiones del evento, reconocer como no asalariadas a aquellas trabajadoras o trabajadores sexuales que tienen una relación obrero-patronal, les elimina de facto la posibilidad de gozar de los derechos laborales consagrados en la Ley General del Trabajo. 

Crimen organizado 

En entrevista durante el Encuentro, Jaime Alberto Montejo, vocero de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, comentó que uno de los grandes problemas del sexo comercial es que toda la industria sexual está cooptada por el narcotráfico, siendo más vulnerables los grupos de trabajo sexual independiente, pues son sometidos por las redes del crimen organizado a pagar cuotas, los despojan de bienes y los someten a extorsión por parte de sicarios. 

El también fundador de la agencia de noticias Noti-calle indicó que en ciudades como Apizaco, Puebla, las tres casas autogestivas de trabajo sexual fueron cerradas debido a que eran objeto de constantes extorsiones por parte de redes del crimen organizado e incluso sufrieron el secuestro de algunos familiares. Casos similares, añadió, se han registrado en Aguascalientes y Quintana Roo, donde desaparecieron las zonas tradicionales de tolerancia y las nuevas están controladas por redes criminales. 

A pesar de que esto pudiera sonar muy lejano, agregó, la realidad es que en el DF, el crimen organizado ya ha tomado varias casas y hoteles donde se ejerce el comercio sexual, e incluso, se sabe que en los servicios de transporte que vienen de municipios conurbados a la Ciudad de México hay gente que ofrece a las jóvenes, principalmente, trabajo con muy buena remuneración y después no se vuelve a saber de ellas. 

Impacto de las políticas públicas 

Por otra parte, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, en su calidad de representante en México de la Red Latinoamericana y del Caribe Contra la Trata de Personas, capítulo regional de la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres (TheGlobal Alliance Against Traffic in Women), hará una medición de los efectos colaterales de la legislación internacional y nacional contra la trata de personas, cuyo contenido será dado a conocer en 2014. 

Al respecto, Montejo explicó que mediante este ejercicio se medirá en varias naciones de América Latina (Argentina, Colombia, México, Perú y República Dominicana) la efectividad de las políticas públicas una vez que las personas han sido rescatadas de las redes de trata por parte de las autoridades mexicanas. 

Comentó que el objetivo del estudio, en el cual se aplicarán cuestionarios de 35 preguntas a sobrevivientes de las redes de trata, es saber cómo fueron rescatadas las personas, si hubo o no respeto a sus derechos humanos, conocer qué servicios les ofrecieron el gobierno y las organizaciones civiles, y si hubo consentimiento informado en cada una de las decisiones que debieron tomar al momento. 

El activista y promotor de los derechos humanos añadió que después de realizar esta medición de resultados se convocará a una reunión privada con los tomadores de decisión para comprometerles a seguir un cronograma que ayude a generar cambios en las políticas públicas. 

Como parte de su pronunciamiento final, las y los asistentes exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, detener la violencia simbólica que invisibiliza a las trabajadoras sexuales por considerarlas únicamente víctimas de trata o victimarias. (Leonardo Bastida Aguilar para NotieSe)

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