martes, 26 de noviembre de 2013

noviembre 26, 2013
PUEBLA, 26 de noviembre.- Brindar una herramienta que permita a aquellas personas con VIH que sufran actos de discriminación o vejaciones en su contra denunciar y obtener asesoría legal en Puebla o cualquier otra parte del país, es el objetivo principal del Consultorio Virtual “Arturo Díaz Betancourt”, una iniciativa de la sociedad civil que otorga asesoría legal a personas VIH positivas o de la comunidad de la diversidad sexual que consideren que sus derechos humanos han sido vulnerados.


En conferencia de prensa, Alejandro Brito Lemus, director general de la organización civil Letra S, fundadora del proyecto, comentó que la creación de este tipo de espacios es muy importante, pues el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/sida ha señalado que el estigma y la discriminación son los principales obstáculos para detener la pandemia, puesto que sobre el VIH y el sida recaen prejuicios negativos que impiden que los programas de prevención sean efectivos. 

Por esta razón, el también periodista consideró que el estigma y la discriminación restan eficacia a los servicios de prevención y atención al provocar miedo, lo que conlleva a que la población no quiera hacerse la prueba y así detectar la infección a tiempo. “En el caso de México es evidente por que la mayoría de los casos se detectan en etapa tardía”. 

Brito Lemus agregó que el problema no es ajeno a los servicios de salud, ya que estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública muestran que alrededor de 60 por ciento del personal de sanidad opina que las mujeres con VIH deben evitar tener hijos a pesar de que se sabe desde hace 10 años que hay métodos para evitar la transmisión perinatal. 

Añadió que la homofobia está latente en los trabajadores de la salud debido a que la mayoría piensa que la prueba de detección debe ser obligatoria a todos los homosexuales por que son la parte de la población más afectada. 

Ante esta realidad, consideró que el estigma y la discriminación son barreras muy difíciles de superar porque a pesar de que hay acceso universal al tratamiento de manera gratuita en las unidades públicas de salud, y eso debería llevar a la erradicación del virus, los prejuicios han impedido que las personas gocen de este beneficio, pues no acuden a las instituciones para evitar que se conozca su condición. 

Por otra parte, indicó que por la misma razón, casi no existen denuncias por violaciones a derechos humanos de las personas con VIH y por tanto, no hay estadísticas confiables al respecto. En algunos casos, porque la gente no sabe que cualquier vejación en los servicios de salud o cualquier otro debe ser denunciada o bien porque prefieren mantener el anonimato. 

Al respecto, Víctor Vázquez, secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, comentó que hasta el momento, el organismo ha atendido 15 asuntos en la materia, la mayoría de ellos (14) han sido remitidos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación porque son asuntos referentes a conductas discriminatorias y hay una investigación abierta contra el Departamento de Servicios Sanitarios de Tehuacán, Puebla. 

Aclaró que hasta el momento el organismo estatal no ha emitido alguna recomendación en materia de VIH y sólo ha hecho labores preventivas en materia de no discriminación. 

“Nosotros exhortamos a las personas a interponer quejas cuando consideren que sus derechos no han sido respetados. Sin embargo, a veces las mismas personas no le dan seguimiento para presentar pruebas y seguir el proceso”, refirió Vázquez, quien aseguró que como parte de las labores de sensibilización al interior de la Comisión se hacen pruebas de detección de VIH y se brindan folletos informativos. 

Por su parte, Marco Antonio Moreno Rosado, abogado especializado en derechos sexuales y reproductivos y la defensa de los derechos fundamentales de la comunidad de la diversidad sexual, comentó que el Consultorio es una necesidad en  entidades como Puebla donde hay rezagos en la materia. 

El también integrante del Consultorio virtual definió la labor del consultorio como una “radiografía de la confianza” que la ciudadanía tiene en las organizaciones de la sociedad civil y la desconfianza hacia el primer contacto con las instituciones de procuración de justicia. 

“No solamente es necesaria la generación de leyes y la creación de instituciones que aborden los temas de manera específica, sino su uso de estos espacios ganados, lo cual es básico para la consecución de la progresividad de los derechos humanos y es algo que aporta el Consultorio”, mencionó el integrante del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Parte de los casos que se han atendido tienen que ver con el ámbito laboral, en los servicios de salud, institucional e incluso el familiar, indicó el abogado, quien ahondó en que se ha atendido un caso por discriminación laboral y otros más por la violación a la confidencialidad de los personas en los servicios de salud. 

Laura Hernández García, coordinadora del proyecto explicó que el Consultorio es una herramienta que funge como intermediaria entre los abogados y los usuarios, así como también establece alianzas con otras organizaciones para trabajar las posibles quejas y hacer que desaparezca la desconfianza hacia los organismos públicos de procuración de justicia. 

La abogada añadió que cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano puede acceder a los servicios del Consultorio Virtual “Arturo Díaz Betancourt” a través de la página web www.letraese-ddhh.com donde el usuario encontrará una sección para describir su caso y posteriormente ser contactado por personal del Consultorio. 

Tras año y medio de funcionamiento, comentó la abogada, el Consultorio ha atendido 55 casos en toda la República mexicana; cuenta con nueve promotores de derechos humanos establecidos en Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán, así como con siete abogados ubicados en el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y Yucatán, quienes de manera voluntaria trabajan mediante la plataforma virtual para dar seguimiento a los casos y brindar la asesoría jurídica necesaria.  (Leonardo Bastida Aguilar para NotieSe)

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