jueves, 10 de octubre de 2013

octubre 10, 2013
MÉXICO, 10 de octubre.- El Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal emitió una medida precautoria en la que ordena la suspensión de permisos a trasnacionales como Monsanto y Pionner, entre otras, para la siembra “experimental”, liberación y comercialización de maíz transgénico en México.


La medida fue dictada dentro de la Acción Colectiva que el pasado 5 de julio promovieron 53 científicos, intelectuales, agricultores, artistas y activistas, así como 22 organizaciones ambientalistas, productivas y de derechos humanos.

El abogado Romualdo Hernández Naranjo, integrante de la organización “Colectivas, AC”, explicó que el mayor logro con esa resolución es que el Poder Judicial ha aceptado finalmente entrar al debate de fondo sobre el perjuicio o beneficio que causan los maíces transgénicos al país.

“Anteriormente ya habíamos intentado distintos medios jurídicos y nunca habíamos podido lograr la apertura del debate de fondo, y esto es lo realmente trascendente de esta medida cautelar”, precisó.

Señaló que si bien se suspenden ahora los permisos, la cancelación definitiva “va a ser hasta el momento en que se discuta el fondo y se le exponga a la sociedad los beneficios de los transgénicos o los daños que pueden acarrear”.

De acuerdo con el abogado, la demanda se presentó bajo el argumento de proteger el derecho humano a la biodiversidad que tienen todos los mexicanos, máxime cuando México, al ser el centro de origen del maíz, tiene un reservorio de biodiversidad de este cultivo que es patrimonio de la humanidad.

Lo que sigue en la Acción Colectiva, explicó, sería la etapa conciliatoria, pero de antemano se sabe que los demandantes no llegarán a ningún acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni con la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y tampoco con Monsanto, por lo que el proceso continuará a la etapa de pruebas.

En esa fase, agregó, las partes entrarían en un debate judicial en el que cada una presentaría a sus peritos para aportar pruebas de sus argumentos a favor o en contra del maíz genéticamente modificado.

Hernández Naranjo indicó que por parte de los promoventes de la Acción Colectiva se presentarán científicos que ya han emitido estudios en los que han demostrado que los transgénicos son perjudiciales para la salud de los consumidores, para el medio ambiente y para la conservación de los maíces originales.

Por su parte, el antropólogo Julio Glockner manifestó que en la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) promoverán encuentros de expertos en el tema para abrir el debate en distintos ámbitos sobre la importancia de la defensa del principal alimento para los mexicanos.

En tanto, Alonso Aco Cortés, integrante de la agrupación “Serranos Unidos en Resistencia Indígena”, adelantó que promoverán reuniones con agricultores de la entidad para informarles sobre esta acción que se ha iniciado en defensa del maíz.

Entre los firmantes de la demanda se encuentran el padre Miguel Concha, Antonio Turrent, Bernardo Bátiz, Víctor Manuel Toledo, Raúl Hernández Garciadiego, Víctor Suárez, Julio Glockner y Federico Guillermo Berrón Autrique.

Del lado de las organizaciones promoventes destacan la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos de Campo (ANEC); Fundación Semillas de Vida AC; ANEMA AC; Fomento Cultural y Educativo AC; Fronteras Comunes AC; Alternativas y Procesos de Participación Social AC de Tehuacán, Puebla; Tosepan Titataniske de Cuetzalan, Puebla y Tlaxcala; Grupo Vicente Guerrero AC, y ARIC en defensa del Maíz Nativo.

También firman la demanda las actrices Jesusa Rodríguez y Regina Orozco, entre otros.

Los demandantes nombraron como su representante a Adelita San Vicente Tello, de la Fundación Semillas de Vida AC, quien en términos de la ley deberá desempeñar una función de interés público en representación de la colectividad titular del derecho humano al medio ambiente.

Según Mercedes López, de la agrupación Vía Orgánica, la introducción del maíz transgénico a México representaría un grave riesgo, ya que 53% de la ingesta calórica (carbohidratos) y 22% de la proteínica de la dieta nacional provienen del consumo directo del maíz como grano nixtamalizado.

“Si se permitiera la siembra indiscriminada de maíz transgénico, todas las mexicanas y mexicanos seríamos afectados, pues cada día crecen las investigaciones que demuestran el daño a la salud causado por los transgénicos”, mencionó.

De su lado, el padre Miguel Concha subrayó que el Estado mexicano está obligado a proteger los derechos humanos de los ciudadanos frente a intereses económicos de grandes empresas como Monsanto, por ello es que la orden judicial emitida –dijo– es un avance para que los derechos humanos a la alimentación, la salud y el medio ambiente se vean garantizados en el territorio mexicano.

Explicó que la demanda colectiva también busca proteger el derecho humano de conservar, utilizar y participar de la biodiversidad de los maíces nativos, frente a la amenaza que representan los maíces transgénicos.

Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la ANEC, señaló que los productores se verían ampliamente afectados frente a la monopolización del sector semillas a través de esa tecnología.

Además, apuntó, está ampliamente demostrada la posibilidad de incrementar rendimientos con otras técnicas sustentables y con el uso de semillas híbridas e incluso nativas.

Detalló que los científicos han demostrado que “no es posible contener al maíz transgénico y que la acumulación progresiva e irreversible de los paquetes transgénicos actuales y futuros pudiera rebasar el umbral letal de tolerancia de la planta e impedir su sobrevivencia”, afectando gravemente a la planta y la condición única de México como centro de origen y diversificación continua. (Gabriela Hernández para Proceso)

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