Utopía 1313/ Eduardo Ibarra Aguirre / 11-X-13
Fuentes castrenses no identificadas por el reportero especializado Jesús Aranda, revelaron que el Ejército y la Armada se preparan para crear grupos especiales para afrontar el sustancial crecimiento del secuestro y la extorsión, de acuerdo a la reciente Encuesta Nacional del INEGI. La decisión aún no oficial de los secretarios de Marina y Defensa Nacional, con la venia del comandante supremo, pretende justificarse con la indiscutible “incapacidad de los gobiernos federal y estatales”.
Esa peligrosa lógica ignora las clarísimas funciones que otorga la ley de leyes a las fuerzas armadas, todas ajenas a las tareas de seguridad pública por más justificaciones que realizó la Suprema Corte durante el gobierno de Felipe Calderón.
Y llevada al extremo la tesis, puede demostrarse la “incapacidad” de los civiles para gobernar en una amplia porción del territorio en manos de bandas criminales, como en Michoacán donde Enrique Peña hizo acto de presencia hasta el décimo mes de iniciado su mandato. También las trasnacionales mineras que imponen su ley en amplios espacios del agro con la complacencia del gobierno federal que les otorgó múltiples concesiones en el desgobierno de Calderón, el presunto homicida que investiga la Corte Penal Internacional.
Fuentes castrenses no identificadas por el reportero especializado Jesús Aranda, revelaron que el Ejército y la Armada se preparan para crear grupos especiales para afrontar el sustancial crecimiento del secuestro y la extorsión, de acuerdo a la reciente Encuesta Nacional del INEGI. La decisión aún no oficial de los secretarios de Marina y Defensa Nacional, con la venia del comandante supremo, pretende justificarse con la indiscutible “incapacidad de los gobiernos federal y estatales”.
Esa peligrosa lógica ignora las clarísimas funciones que otorga la ley de leyes a las fuerzas armadas, todas ajenas a las tareas de seguridad pública por más justificaciones que realizó la Suprema Corte durante el gobierno de Felipe Calderón.
Y llevada al extremo la tesis, puede demostrarse la “incapacidad” de los civiles para gobernar en una amplia porción del territorio en manos de bandas criminales, como en Michoacán donde Enrique Peña hizo acto de presencia hasta el décimo mes de iniciado su mandato. También las trasnacionales mineras que imponen su ley en amplios espacios del agro con la complacencia del gobierno federal que les otorgó múltiples concesiones en el desgobierno de Calderón, el presunto homicida que investiga la Corte Penal Internacional.
Explicaron los militares consultados por Aranda que los grupos de élite especializados para combatir el secuestro y la extorsión trabajarán con la Procuraduría General de la República, siempre y cuando los agentes con los que colaboren sean designados por el procurador Jesús Murillo y el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón. Como si esto fuera suficiente garantía de eficacia y anticorrupción.
A la elite castrense le cuesta mucho trabajo entender que entre más se corrompan las funciones constitucionales asignadas a la milicia, para involucrarla en tareas de seguridad pública, más estará expuesta a la violación de los derechos humanos y ser objeto y beneficiaria de prácticas de cooptación de las multiplicadas bandas delincuenciales. Como sucede y está documentado por muchas víctimas, algunas favorecidas por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mismas que el Estado se niega a cumplimentar, como el acotamiento en serio del fuero castrense. Imposible no registrar que en octubre de 1993, la revista Forum dio a conocer la propuesta del general Francisco Gallardo sobre el ombudsman militar que, de haberse atendido, hubiera ahorrado muchas vidas e inúmeros atropellos.
Resulta escandaloso que funcionarios de Sedena y Semar justifiquen el aumento explosivo de este tipo de delitos como resultado del éxito logrado por las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, ya que los delincuentes “encontraron en el secuestro y la extorsión otra forma de hacer dinero”.
Combaten de manera inconstitucional al narcotráfico y además sin la menor previsión del conocido efecto cucaracha, el desplazamiento de aquél a ciudades vecinas, y menos aún calculan que el descabezamiento de las bandas provoca disputas por el dominio de las plazas (“se matarán entre ellos”, apostaban con el soldadito Calderón), e ignoran que en medio están millones de inocentes.
La estrategia de la militarización del combate a la delincuencia permanece a la orden del día, bajo la asesoría de un fracasado general colombiano y también con una cobertura informativa mucho menos intensa, a cargo de la dictadura mediática, para crear la ilusión de mayor seguridad, aunque el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática demostró todo lo contrario, generando malestar entre las ONG al servicio del presidente en turno.
Acuse de recibo
Rodolfo Echeverría Martínez apunta sobre GDF, encapuchados y partidos (7-X-13): “Mi tesis es que estos grupos están formados por jóvenes de la nueva generación que no tiene una gran perspectiva económica, social, política, cultural, profesional y están prácticamente excluidos de cualquier oportunidad; el sistema actual no les ofrece una perspectiva digna y buena para su futuro y eso los hace tener un gran coraje y rechazo a lo actual, claro que de esto se aprovecha el priísmo que ha usado a jóvenes desclasados para sus usos políticos, pero habría que analizar bien este fenómeno que el capitalismo está creando. Saludos Chicali”… Y Gustavo Cortés Campa: “No es nueva la conjetura –digámoslo así– de que los vándalos del 1 de diciembre, 10 de junio y 2 de octubre son ‘agentes pagados del gobierno’. Y se infiere pues, que del federal, y así lo ha establecido La Jornada en dos editoriales. Pero hay detallitos: ¿Qué intereses atendieron los miembros de la mayoría perredista en la ALDF en diciembre para reclasificar el delito de ‘alteración de la paz pública’ y dejar libres a los detenidos? ¿Y cómo fue que pagaron la fianza? Y el 2 de octubre, los golpeadores evadían la acción policial al correr hacia el plantón de la CNTE en el Monumento a la Revolución. Y los maistros bloquearon el paso de la policía que pretendía detenerlos. Son mis aportaciones al análisis”.
A la elite castrense le cuesta mucho trabajo entender que entre más se corrompan las funciones constitucionales asignadas a la milicia, para involucrarla en tareas de seguridad pública, más estará expuesta a la violación de los derechos humanos y ser objeto y beneficiaria de prácticas de cooptación de las multiplicadas bandas delincuenciales. Como sucede y está documentado por muchas víctimas, algunas favorecidas por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mismas que el Estado se niega a cumplimentar, como el acotamiento en serio del fuero castrense. Imposible no registrar que en octubre de 1993, la revista Forum dio a conocer la propuesta del general Francisco Gallardo sobre el ombudsman militar que, de haberse atendido, hubiera ahorrado muchas vidas e inúmeros atropellos.
Resulta escandaloso que funcionarios de Sedena y Semar justifiquen el aumento explosivo de este tipo de delitos como resultado del éxito logrado por las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, ya que los delincuentes “encontraron en el secuestro y la extorsión otra forma de hacer dinero”.
Combaten de manera inconstitucional al narcotráfico y además sin la menor previsión del conocido efecto cucaracha, el desplazamiento de aquél a ciudades vecinas, y menos aún calculan que el descabezamiento de las bandas provoca disputas por el dominio de las plazas (“se matarán entre ellos”, apostaban con el soldadito Calderón), e ignoran que en medio están millones de inocentes.
La estrategia de la militarización del combate a la delincuencia permanece a la orden del día, bajo la asesoría de un fracasado general colombiano y también con una cobertura informativa mucho menos intensa, a cargo de la dictadura mediática, para crear la ilusión de mayor seguridad, aunque el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática demostró todo lo contrario, generando malestar entre las ONG al servicio del presidente en turno.
Acuse de recibo
Rodolfo Echeverría Martínez apunta sobre GDF, encapuchados y partidos (7-X-13): “Mi tesis es que estos grupos están formados por jóvenes de la nueva generación que no tiene una gran perspectiva económica, social, política, cultural, profesional y están prácticamente excluidos de cualquier oportunidad; el sistema actual no les ofrece una perspectiva digna y buena para su futuro y eso los hace tener un gran coraje y rechazo a lo actual, claro que de esto se aprovecha el priísmo que ha usado a jóvenes desclasados para sus usos políticos, pero habría que analizar bien este fenómeno que el capitalismo está creando. Saludos Chicali”… Y Gustavo Cortés Campa: “No es nueva la conjetura –digámoslo así– de que los vándalos del 1 de diciembre, 10 de junio y 2 de octubre son ‘agentes pagados del gobierno’. Y se infiere pues, que del federal, y así lo ha establecido La Jornada en dos editoriales. Pero hay detallitos: ¿Qué intereses atendieron los miembros de la mayoría perredista en la ALDF en diciembre para reclasificar el delito de ‘alteración de la paz pública’ y dejar libres a los detenidos? ¿Y cómo fue que pagaron la fianza? Y el 2 de octubre, los golpeadores evadían la acción policial al correr hacia el plantón de la CNTE en el Monumento a la Revolución. Y los maistros bloquearon el paso de la policía que pretendía detenerlos. Son mis aportaciones al análisis”.
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