lunes, 28 de octubre de 2013

octubre 28, 2013
MÉXICO, 28 de octubre.- Durante los meses de agosto y septiembre de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió numerosos informes de ataques de pandillas contra personas del colectivo LGBTTTI en la región del Caribe.


Los ataques consistieron en barricadas formadas por grandes multitudes de personas: unos exigían el linchamiento de hombres gay y otros arrojaban piedras, bombas molotov y otros objetos. En estos dos últimos meses se registraron siete ataques de este tipo: cinco en Jamaica y dos en Haití. 

La mayoría de los países de habla inglesa del Caribe miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) criminalizan las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Debido a esto la CIDH consideró que existe un vínculo inherente entre la criminalización estatal de estas conductas y la violencia contra las personas LGBTTTI. 

En general, la legislación que criminaliza estas conductas, también legitima y refuerza los prejuicios contra las personas LGBTTTI, o aquéllas percibidas como tales, y envía a las comunidades y sociedades el mensaje de que la discriminación y la violencia son condonadas y toleradas por la sociedad, señaló la CIDH en un comunicado de prensa. 

Asimismo, se informó que constantemente los artistas del espectáculo (tales como artistas “dancehall”), medios de comunicación y grupos religiosos en las sociedades del Caribe contribuyen a reforzar estereotipos y prejuicios contra las personas no heterosexuales. 

En cuanto a los abusos de las fuerzas policiales, se registró que la noche del 18 de agosto dos hombres gay platicaban en un parque de la República Dominicana cuando fueron arrestados, detenidos, maltratados y severamente humillados por su orientación sexual. 

El 10 de agosto, después de haber sido atacada e insultada por un hombre, una mujer trans de La Matanza, Argentina, pidió auxilio a un agente policial, mismo que también la agredió con su bastón mientras le gritaba que se fuera. 

La CIDH se dijo preocupada por los casos de abuso policial contra personas LGBTTTI y recordó que los Estados deben asegurar que sus fuerzas de seguridad estén capacitadas en materia de derechos humanos, particularmente en lo que se refiere a la no discriminación basada en la orientación sexual y de género. “El abuso policial y la violencia institucional pueden comprometer directamente la responsabilidad internacional de los Estados en materia de derechos humanos”. 

Igualmente, el organismo reprobó la persistencia del elevado número de asesinatos de personas trans en varios Estados miembros de la OEA. Los datos recibidos por la Comisión confirmaron que durante los meses de agosto y septiembre se cometieron por lo menos 32 asesinatos de mujeres trans, o aquellas percibidas como tales. 

En esos dos meses se informó de por lo menos 24 casos de asesinatos de hombres gay; en Brasil (22), Estados Unidos (1) y Jamaica (1), así como la muerte de una mujer lesbiana en Brasil. Además, en el mismo lapso, se registraron numerosos casos de ataques violentos contra hombres gay y mujeres lesbianas, en Argentina (2), Brasil (2) y los Estados Unidos (7). 

En México, el personal de atención de la salud informó en los últimos años sobre un incremento en el número de agresiones contra hombres jóvenes golpeados severamente por mostrar afecto a otros hombres en público. Un médico de emergencias de la Ciudad de México informó haber recibido hasta 20 de estos casos por mes. 

Estas cifras no reflejan necesariamente la complejidad del problema de la violencia contra las personas LGBTTTI o aquellas percibidas como tales, ya que la falta de información constituye un desafío, dijo la Comisión. 

Agregó que los informes recibidos no siempre indican las razones de estos crímenes y ataques. No obstante, esta institución continúa preocupada por el particular nivel de crueldad y ensañamiento observado en la mayoría de esos ataques y asesinatos. 

Los informes recibidos por la CIDH indican que los organismos del Estado encargados de la investigación de estos delitos, con frecuencia tienden a identificar a priori estos hechos como "crímenes pasionales" o hacen aseveraciones sesgadas con base en el estilo de vida de las víctimas, responsabilizándolas por los ataques, lo que obstaculiza la efectiva investigación de los casos. 

Además, en los Estados que criminalizan conductas entre personas del mismo sexo o identidades de género diversas, muchas víctimas no informan los delitos por miedo a ser procesadas. Estos factores contribuyen a la falta de estadísticas oficiales exactas sobre estos crímenes por prejuicio y obstaculizan una respuesta efectiva por parte del Estado. 

En consecuencia, la CIDH instó a los Estados a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si estos asesinatos y actos de violencia se cometieron con base en la identidad de género, expresión del género u orientación sexual de las víctimas. 

Recordó que desde 2008, anualmente la OEA ha condenado actos de violencia y violaciones relacionadas con los derechos humanos cometidas contra personas por su orientación sexual e identidad de género. 

Igualmente, estos se han comprometido para asegurar que las víctimas cuenten con acceso a la justicia sin discriminación, a adoptar políticas públicas contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, y a producir datos sobre violencia homofóbica y transfóbica, con miras a promover políticas públicas que protejan, entre otros, los derechos humanos del colectivo LGBTTTI. 

La CIDH instó a la OEA a desplegar serios esfuerzos para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y continuar con la adopción de medidas destinadas a lograr los objetivos establecidos desde 2008 en sus seis resoluciones de la Asamblea General de la OEA sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. 

Alentó a los Estados a considerar seriamente la posibilidad de despenalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y las identidades y expresiones de género diversas. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. (NotieSe)

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