Historias de reportero | Carlos Loret de Mola Álvarez | 3-IX-13
Algunos dirán que para bien. Otros que para mal. Pero nadie podrá negar que los nueve meses de gobierno de Enrique Peña han sido trepidantes.
En cambio, el mensaje del Informe careció de ritmo y emoción. No hubo una frase recordable ni un anuncio atractivo.
Y desde que se pronuncian ante invitados especiales en lugar de frente al Congreso con su mezcla de aliados y opositores, tampoco hay picante en la mesa. La carpa de plástico bajo la que el presidente habló y la “salutación” posterior completaron el cuadro tedioso.
La lluvia de cifras, la minimización de los problemas y el formato exageradamente rígido y viejo se consolidan como características de los discursos de Informe sexenio tras sexenio. No se diga de la visión cargada de optimismo.
Es cierto que los homicidios bajaron 12%, pero los secuestros han aumentado 25%. Ambos son datos oficiales.
Es cierto que la inversión extranjera directa más que se duplicó, pero el crecimiento esperado para 2013 se ha desplomado de más de 3% a cosa de 1%.
Es cierto que hay inversiones multimillonarias prometidas por empresarios de todos los sectores, pero el gasto público estuvo congelado un semestre.
Es cierto que la inmensa mayoría de los maestros está dando clases, pero los estados con peores niveles educativos tienen a sus profesores marchando y bloqueando. La ciudadanía está harta y no queda claro qué va a pasar con ellos.
El presidente resumió en el mensaje sus reformas. Declaró que en los próximos 120 días se va a jugar todas sus fichas. Quiere en el cierre del año recuperar el ritmo trepidante del arranque. Veremos si la ruleta de la política es generosa con él.
SACIAMORBOS
Hay un negrito en el arroz. Si bien las leyes secundarias de la reforma educativa van en el sentido internacionalmente considerado como correcto y fue una gran señal de Estado aprobar la Ley del Servicio Profesional Docente antes del Informe, apareció de última hora un párrafo en el artículo 79 que reserva como dato personal la calificación de cada maestro en la evaluación.
Decía: “La información que se genere por la aplicación de la presente Ley quedará sujeta a las disposiciones federales en materia de información pública, transparencia y protección de datos personales”.
En la semana de impasse por las movilizaciones de la CNTE, una mano amiga le agregó: “Los resultados y recomendaciones individuales que deriven de los procesos de evaluación serán considerados datos personales”.
¿Qué significa esto? Que el padre de familia no va a poder saber qué tan bien salió en la prueba el maestro de su hijo. Se volverá información privilegiada a la que sólo tienen acceso el gobierno, el maestro y el sindicato.
¿En serio van a esconder la calificación en el examen? Se trata de la evaluación de un funcionario público —al maestro le paga el gobierno— no su domicilio, sus cuentas bancarias ni su situación familiar.
No es un bache menor puesto que la medida aprobada por los diputados resta capacidad de exigencia a la sociedad para que quienes estén frente a grupo sean los mejores maestros del país.
