martes, 17 de septiembre de 2013

septiembre 17, 2013
TAMAULIPAS, México, 17 de septiembre.- A un año de la explosión en la Central de Medición de Pemex en Reynosa, Tamaulipas, donde perdieron la vida 31 trabajadores, los deudos de cinco víctimas sigue sin recibir la indemnización correspondiente.

Foto: Reuters

Hasta ahora, la empresa ha indemnizado con cantidades no reveladas a los deudos de 26 de las 31 personas fallecidas en el trágico accidente en la planta almacenadora ubicada a un costado de la carretera Monterrey-Reynosa, en una zona despoblada de esta ciudad fronteriza de Tamaulipas.

En la conflagración resultaron 43 personas lesionadas, la mayoría de las cuales fueron abandonadas a su suerte por las empresas que los subcontrataron para trabajar en la central de la paraestatal.

Es más, ni siquiera se han revelado las causas del estallido.

Eloy Olivares Bocanegra, jefe de Comunicación Social de Pemex en Reynosa, informó que el Análisis Causa Raíz para detectar el origen del problema fue elaborado por la empresa SGS, que lo entregó a la Procuraduría General de la República el 18 de enero del 2013, señaló el portavoz.

Ninguna autoridad ha dado a conocer el peritaje, a diferencia de la investigación que siguió a la explosión en la Torre Ejecutiva de Pemex, en la Ciudad de México, el 31 de enero de este año.

El 2 de agosto, poco más de seis meses después de la tragedia que cobró la vida de 37 personas, la PGR sólo publicó que el accidente fue originado por acumulación de gas en el sótano del inmueble.

Pemex reporta sus acciones

Olivares informó que al momento del accidente se encontraban laborando en la planta 167 personas, de las cuales 34 eran empleados de la paraestatal y 133 de las empresas contratistas que hacían ese día labores diversas.

Perecieron en el incendio cinco trabajadores de Pemex y 26 de las empresas IANSA, Peisa, Merco, Apollo, Inorcosa y VGI.

Hubo 43 lesionados, 18 de Pemex y 25 subcontratados, informó.

Dijo que dentro de las acciones posteriores a la conflagración, la empresa “brindó orientación” a los familiares de los trabajadores fallecidos y lesionados y se coordinó con la PGR en la recolección de muestras de ADN para identificar y entregar los cadáveres.

Al hacer un recuento de las acciones que emprendió Petróleos Mexicanos a lo largo de este lapso, dijo que fue instalado un módulo de atención a familiares de afectados, manejado por la paraestatal, la Procuraduría General de la república y las firmas contratistas.

También fue abierta una línea telefónica única, de atención gratuita.

Olivares señaló que Pemex y representantes de la Procuraduría Federal del Trabajo se reunieron con personal de las contratistas y familiares de los fallecidos, para informarles sobre los requisitos legales para iniciar los trámites de designación de dependientes económicos y las correspondientes indemnizaciones.

Hubo, además, reuniones mensuales con los representantes de las compañías para dar seguimiento a los procesos de pago de indemnización.

Señaló que Pemex Exploración y Producción aplicó en esta ciudad, después del estallido, el plan de respuesta de emergencia y fue integrado el grupo de respuesta a la contingencia.

A través de estos dos grupos, informó el vocero, los directivos de la paraestatal se coordinaron para obtener el auxilio de la PGR, Protección Civil, Secretaría de la Defensa nacional, Bomberos de Pemex, Hospital Regional de Pemex, Cruz Roja e Instituto Mexicano del Seguro Social.

Como medida inmediata posterior al estallido, dijo, se suspendió el envío de suministro a las instalaciones almacenadoras de gas procedente de la Cuenca de Burgos.

Cuando pasó la emergencia, la paraestatal inició el trabajo de rehabilitación de la Central de Medición Kilómetro 19, con la aplicación de un programa de evaluación y verificación mecánica que consistió en pruebas en el área, inspección visual, medición de espesores de pared (de la tubería) con ultrasonido para verificar su dureza, verticalidad y redondez, pormenorizó el vocero.

Las pruebas fueron concluidas en su totalidad el 30 de septiembre de ese año y el 25 de octubre, después de que fue colocado un by pass de 36 pulgadas de diámetro, fue restituida la operación para captar y distribuir de nuevo el carburante procedente del complejo procesador de gas Burgos.

Trabajadores de las empresas contratistas afectados por el accidente planean presentar una demanda en una Corte de Houston en contra de quien resulte responsable por las deficiencias en el diseño de la planta, negligencia por las fallas en el sistema de alarma y corrupción porque fueron usados materiales y equipo inadecuado en la construcción de las instalaciones, lo que habría detonado la tragedia.

Los afectados dicen, además, que Pemex incumplió al ofrecerles trabajo y sus propias empresas para las que trabajaban se han olvidado de respaldarlos pecuniariamente en el proceso de rehabilitación. (Luciano Campos Garza para Proceso)

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