lunes, 16 de septiembre de 2013

septiembre 16, 2013
MÉXICO, 16 de septiembre.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la una recomendación dirigida al gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, por la deficiente investigación del homicidio de un menor, cuyos objetos personales fueron extraviados, hubo negligencia en la práctica de diligencias, duplicación de expedientes, su necropsia se realizó con el nombre de otra persona, y dilación de más de dos años para resolver la indagatoria, la cual aún está en integración.

La recomendación fue emitida por la negligencia de las autoridades estatales en la investigación de la muerte del joven José Felipe Castillo Tzec (clic para ampliar)

El organismo detalló que el cuerpo del menor fue encontrado sin vida debido a ahorcamiento en un terreno baldío el 14 de julio del 2011. Los padres interpusieron la denuncia e inició la averiguación previa correspondiente. Catorce días después, presentaron una queja contra servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, ante la deficiente integración del procedimiento penal.

El 23 de abril de 2012, solicitaron la intervención de la CNDH, que tras la investigación correspondiente y tras el análisis de la información que se allegó, encontró irregularidades, por lo que el 11 de julio de ese año, formalizaron una conciliación.

El Fiscal General de esa entidad, el 14 de agosto de 2012 aceptó la propuesta de ocho puntos conciliatorios, relativos a la integración adecuada y en un plazo breve de la averiguación previa; hacer el pronunciamiento respecto a las evidencias recabadas por la CNDH; las razones por las que el padre solicitó la exhumación del cadáver y se reconozca a los padres de la víctima el carácter de coadyuvantes.

Asimismo, la reparación de daños y atención victimológica a los familiares; diseñar e impartir programas integrales de capacitación para garantizar el respeto a los derechos humanos y dar vista a la visitaduría general de esa fiscalía contra los servidores públicos que intervinieron en el caso.

Pese a ello, el 15 de enero de 2013, más de 90 días después, y al carecer de elementos de la autoridad para acreditar su cumplimiento, se acordó la reapertura del expediente.

Tras actualizar la información y estudiar las evidencias, “se advirtió la persistencia de conductas violatorias a derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, trato digno, verdad, debida procuración y acceso a la justicia en agravio de los familiares de la víctima”, concluyó el organismo nacional.

Algunas de las irregularidades son: la existencia de dos expedientes (se dijo en un momento que uno era original y otro copia, pero se estableció que existían diferencias entre ambos); se evitó desahogar la diligencia para exhumación del cuerpo y el dictamen de criminalística; se evitó llamar a declarar casi 20 testigos que pudieran aportar elementos para esclarecer los hechos, no se folió, entreselló ni ordenó de manera cronológica el expediente y hubo obstaculización en la actuación de la CNDH.

“Es de mencionar la inexactitud de la constancia de fecha 14 de julio del 2011, en la que se hizo un protocolo de necropsia del cuerpo de la víctima en el que aparecía el nombre de una persona ajena a la averiguación previa”, indicó la CNDH en un comunicado.

Agregó que no se encontraron sus prendas de vestir, zapatos, el teléfono celular y memorias electrónicas, propiedad de la víctima, sin que se haya hecho diligencia real para encontrarlas, así como tampoco el rastreo de las llamadas efectuadas en dicho aparato.

“La actuación irregular corresponde a servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, en particular agentes investigadores del Ministerio Público, de la Policía Ministerial estatal, médicos forenses y fiscal investigador de la agencia décima tercera”.

En su recomendación, la CNDH solictó al gobernador del estado de Yucatán que se reparen los daños a los familiares de la víctima y se les dé atención victimológica, se integre adecuadamente la averiguación previa, subsanándose las irregularidades referidas y se determine a la brevedad, además de que sean cumplidos los acuerdos de conciliación que se suscriban.

También, que se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación para servidores públicos de esa Fiscalía, así como colabore en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que el organismo nacional formule ante la Fiscalía general y se inicien las averiguaciones previas correspondientes, además de la queja ante la visitaduría general de la CNDH. (La Jornada)

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