Este lunes 5 de agosto, en la primera nota de la edición impresa del Diario de Yucatán, el comandante Francisco Domínguez Loría, encargado del programa de alcoholímetro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, presumió las supuestas bondades de éste, alegando que debido a su implementación disminuye un 40% el número de accidentes durante la temporada vacacional y advirtiendo que hay más de 50 puntos de control en la entidad.
No debemos olvidar que los retenes no son sólo de alcoholímetro. En agosto de 2008, tomando como pretexto los decapitados hallados en la comisaría meridana Chichí Suárez y el municipio de Buctzotz, se pusieron de moda estos operativos, a pesar de ser inconsitucionales e ilegales, en su modalidad de "revisión de rutina".
Diciéndole a la gente que es "por su bien" y "para la seguridad del Estado", los oficiales paran arbitariamente a los guiadores en base a criterios discriminatorios, revisan sus pertenencias personales y los interrogan.
Los vehículos son detenidos no porque cometan una infracción, sino por tener placas de otros estados, o porque viajan dos o más hombres, o porque los pasajeros y el conductor son jóvenes. Ese tipo de paradas constituyen un acto de discriminación y un agravio contra la ciudadanía.
"¿De dónde viene? ¿A dónde va?", preguntan siempre los oficiales. ¿Desde cuándo tiene un adulto que rendirle cuentas al gobierno sobre sus viajes en un país donde la Constitución reconoce el derecho al libre tránsito (Artículo 11) y a no ser molestado (Artículo 16)?
Los alcoholímetros, además, son puntos de extorsión. Ésta es una realidad conocida por todos los yucatecos. A pesar de que un guiador no exceda el límite legal (en los raros casos donde los oficiales tienen las pruebas) de alcohol o no haya tomado nada en absoluto los oficiales encuentran algún pretexto para inventarle una multa con el fin de intimidarlo y obligarlo a darles mordida.
Es un hecho que la ciudadanía no confía en los retenes de la SSP. Si así fuera, @retenesmerida no contaría con más de 30 mil seguidores en Twitter. Resulta tan desagradable ser parado en un retén que la gente se toma el tiempo de twittear su ubicación para ayudar a otros y consultar los reportes de los demás usuarios con tal de evitarse el agravio de ser discriminados, parados arbitrariamente, revisados ilegalmente, extorsionados o simplemente perder el tiempo en estos operativos que únicamente crean la ilusión de seguridad.
Debido a que su ubicación es pública, no existe ley alguna que prohíba twittear dónde se encuentra un retén ni el proceder de los oficiales en éstos. Dicha actividad es un ejercicio ciudadano de defensa contra un acto de autoritarismo que por desgracia persiste debido a la pasividad de la gran mayoría de la población y la complicidad de instituciones que están obligadas a velar por la legalidad, tales como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y el Colegio de Abogados y, a nivel nacional, de la CNDH que no ha condenado este tipo de operativos a pesar de que son flagrantemente ilegales y violatorios de las garantías individuales. (JMRM)
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