Opinión de JMRM
En su informe, llama la atención el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) tuvo 48 conciliaciones.
Los hechos violatorios más recurrentes durante el periodo que se informa fueron: detención arbitraria, 207; violación al derecho a la integridad y seguridad personal, 205; prestación indebida del servicio público, 202; allanamiento de morada, 80; violación a los derechos de los niños, 78; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 69; violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad, 49; retención ilegal, 47; amenazas, 46; violaciones al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, 39; entre otros, según indicó la Codhey por medio de un comunicado.
Como sabe cualquier persona que haya acudido ante la Codhey todas esas conciliaciones quedan archivadas. Una copia en la Codhey, otra en el jurídico de la SSP y una más en casa del ciudadano agraviado por la autoridad. Jamás se hacen públicas y no tienen consecuencia real alguna ya que el proceder de la autoridad jamás cambia.
¿Para qué sirven esas conciliaciones si es casi imposible manejar de noche por las avenidas de la ciudad sin toparse con un retén? ¿O ir caminando al Oxxo o al Extra del barrio sin ser seleccionado para una "revisión de rutina"? ¿De qué sirve que la Codhey haga el teatrito de "conciliar" para encubrir los agravios de la autoridad si éstos son la norma día a día?
¿En qué beneficia a la ciudadanía que la Codhey obligue a los ciudadanos a conciliar en vez de investigar debidamente, de manera imparcial y hasta el final sus quejas y emitir una recomendación pública contra la autoridad si se encuentran elementos que la sustenten?
Y aún en el caso de que lo hicieran ¿Qué seguimiento reciben las pocas recomendaciones que emiten (sólo 30 en el período que comprende el citado informe)?
Por dar un ejemplo reciente, Pedro Daniel Nah Pech y José Luis Trejo Gómez, oficiales de la SSP, fueron señalados como torturadores en la recomendación 08/2013, emitida en mayo de este año, y en julio la investigación contra dichos elementos seguía a duras penas "en su etapa inicial".
También llama la atención la falta de interés por el reciente fallecimiento de David Enrique Montero Pacheco bajo la custodia de la SSP. ¿Acaso la muerte de un ciudadano bajo custodia policíaca no amerita una investigación a fondo? ¿Qué garantía tenemos los ciudadanos de que el agente que nos quiera bajar mordida en el retén o nos detenga sin ningún motivo saliendo del Oxxo no es uno de los que, posiblemente, mató a golpes a ese joven de 27 años para obligarlo a confesar un crimen que tal vez no cometió?
Y éstos son crímenes recientes. Si contamos desde el hallazgo de los 12 decapitados hasta la fecha podríamos llenar decenas de páginas de referencias hemerográficas.
Y éstos son crímenes recientes. Si contamos desde el hallazgo de los 12 decapitados hasta la fecha podríamos llenar decenas de páginas de referencias hemerográficas.
Lo más preocupante no es la inacción, complicidad, sumisión y lambisconería de Jorge Victoria Maldonado ante la autoridad en turno. Él sirvió fielmente a Luis Felipe Saidén Ojeda durante el gobierno de Ivonne Ortega y lo mismo sigue y seguirá haciendo durante el de Rolando Zapata. Sus visitadores reciben como su mejor amigo al encargado del jurídico de la SSP y al quejoso como alguien que se merecía lo que le pasó hasta que pruebe lo contrario. Jamás harán nada que afecte los intereses de la policía o exponga una verdadera violación a los derechos humanos. Jamás alzarán la voz contra el proceder policíaco en la entidad.
Lo preocupante es la inacción y pasividad de la sociedad ante todos estos hechos. La gran mayoría ya está acostumbrada a la detención arbitraria, allanamiento de morada sin orden de cateo, tratos crueles e inhumanos, retenciones ilegales, amenazas y violaciones a otras garantías básicas. Ven que sucede y simplemente no les importa porque creen que nunca les va a pasar y, si les pasa, dirán "ni modos así es la vida", "así es México".
Cuando alguien alza la voz y los denuncia la reacción casi siempre es silencio o, peor aún, aplauso a los represores: "Eso le pasa por vestir así", "¿Qué hacía en la calle a esas horas?", "Tenía facha de maleante", "Seguro estaba borracho" y demás comentarios irónicos y burlones para no aceptar la realidad de que al no oponernos a las medidas ilegales y arbitrarias de la policía y creernos el cuento de que son "por nuestro bien" nos estamos volviendo cómplices de sus abusos.
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