CIUDAD DE MÉXICO, 12 de julio.- Del año 2000 a la fecha, 87 son los periodistas asesinados, 18 los desaparecidos y 26 los que han tenido que huir de su lugar de origen tras recibir amenazas de muerte, muchas veces cometidas por autoridades y que son crímenes que permanecen impunes, aseguró el caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” en el conversatorio “Prensa y sociedad sin censura” convocado ayer en el Club de Periodistas.
En el evento también estuvieron presentes los periodistas Lydia Cacho, Marcela Turati, Anabel Hernández, Diego Osorno y Fabrizio Mejía, quienes denunciaron el incremento de las acciones de violencia en contra de periodistas por parte del crimen organizado y los grupos de poder. Llamaron al gobierno federal a comprometerse con la seguridad del gremio, pues coincidieron en que las autoridades mexicanas no tienen compromiso con la salvaguarda de los derechos y la libertad de expresión de los comunicadores.
Marcela Turati, fundadora de la Red de Periodistas de a Pie, informó que 17 personas se encuentran en otros países tras huir por amenazas de muerte. Muchas de ellas no tienen trabajo y viven en situaciones precarias, además de que para su manutención económica desempeñan trabajos ajenos a su profesión como en maquilas, venta de comida o laboran en tareas del hogar, pues no cuentan con papeles que acrediten su estancia migratoria.
Lydia Cacho, autora del libro “Esclavas del poder”, mediante el texto “No quiero perder la cabeza”, relató el miedo vivido en el exilio. Enfatizó el temor de perder a más compañeros y de la indefensión que aseguró sentir en aquel momento ante el abuso del poder tras haber recibido mensajes en los que le decían que la descuartizarían.
Por su parte, Anabel Hernández, quien escribió “Los señores del narco”, habló de la impunidad de la que goza Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, a quien denunció como el autor de amenazas de muerte en su contra.
Aseguró que dichas intimidaciones fueron en represalia a la denuncia periodística hecha por el mal uso de poder que este ex funcionario ejercía. Expuso que ninguna institución le ha hecho justicia a pesar de haber presentado pruebas como mensajes vía telefónica y retratos hablados de sus agresores.
“Las pistas de los infames se borran con el tiempo y las que no, las desaparece la Procuraduría General de la República”, puntualizó.
Opinó que el gobierno federal crea instituciones “que fingen proteger a quienes matan e intimidan” y además ofrecen procesos de protección “lentos”, mismos que dijo, no garantizan la seguridad de los afectados.
Aseveró que el Poder Ejecutivo no tiene interés en proteger periodistas, y recordó que el ex presidente Felipe Calderón se decía preocupado pero “instruía a las instituciones para que no investigaran los casos”. Lamentó que el actual mandatario Enrique Peña Nieto, no mencione el tema de libertad de expresión.
A su vez, Diego Osorno quien por su labor periodística en 2011 le fue otorgado el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas, expuso que en estados con altos índices de delincuencia como Nuevo León y Tamaulipas, varias publicaciones han tenido que desaparecer o dejar de informar sobre determinados temas. Mencionó el caso de Tamaulipas, en donde se difunden más notas ecológicas para omitir temas que puedan comprometer la vida de los reporteros.
Finalmente ejemplificó con el caso de la masacre de 72 migrantes en esa entidad –ocurrida en agosto de 2010-, para explicar la situación de temor que se vive en aquel lugar, pues aseguró que muchos medios omitieron la noticia, y quienes no lo hicieron la mandaron a interiores a manera de restarle importancia pues dijo que en esos estados peligrosos lo que se procura es la superviviencia. (Iris Velázquez para NotieSe)
