jueves, 11 de julio de 2013

julio 11, 2013
El porcentaje subió más de 10% en sólo 5 años.

MÉRIDA, Yucatán, 11 de julio.- El 48 por ciento de la población en Yucatán se encuentra en condiciones de pobreza, ya sea alimentaria, de vivienda, salud o educativa; esto significa que 937 mil ciudadanos no tienen los ingresos suficientes para comprar los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas, según información del Coneval.

Foto: UN1ÓN Yucatán

De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012, en la entidad ha aumentado la pobreza por diversos factores, como el crecimiento del Estado, los bajos niveles salariales y la difícil situación económica del país.

El análisis muestra que en el 2008 el porcentaje de población en pobreza era de 46.7 por ciento y ahora es de 48 por ciento.

En pobreza moderada se encuentra el 38 por ciento de la población y en pobreza extrema el 9.8 por ciento; la causa principal: el reducido ingreso económico.

“La medición de pobreza considera dos elementos: la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar.

“El espacio de bienestar considera acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, acceso a los servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda, rezago educativo y acceso a la alimentación”, explica la Conejal.

El organismo considera que en los últimos 20 años la evolución de la pobreza avanzó por dos vías: por un lado, la política social desempeñó un papel importante en el aumento de la cobertura de servicios básicos como educación, acceso a los servicios de salud, la calidad y los servicios de la vivienda. Pero hace falta calidad de los servicios, especialmente en materia de salud y educación.

“En el caso del ingreso, éste no ha avanzado adecuadamente en las últimas décadas. La crisis económica de 1995, la desaceleración de inicios del siglo XXI, así como el incremento en los precios de los alimentos desde finales de 2007 y la crisis financiera de 2009, han hecho que el ingreso real per cápita en México prácticamente no haya crecido en las últimas dos décadas. 

“La reducción efectiva de la pobreza se materializará sólo si la cobertura y calidad de los servicios básicos, así como el ingreso mejoran sustancialmente”, destaca el reporte.

Y analiza las políticas públicas o programas del gobierno para mejorar esta situación, porque no ha habido avance, sino retroceso.

De acuerdo con el análisis, el panorama del mercado laboral se caracteriza por tasas de desocupación bajas aunque son mayores a las de hace una década, tasa de subempleo con niveles altos, empleo con alta rotación, ausencia de seguro de desempleo, salarios bajos y elevado porcentaje de población ocupada en actividades informales.

Hay una productividad laboral baja, disminución del empleo agrícola con creación insuficiente de puestos de trabajo en el sector agroexportador; en el sector rural, por una parte, un pequeño número de grandes empresas se dedica principalmente a la exportación de manera muy rentable y, por otra, un gran número de pequeños productores carece de competitividad y liquidez.

Hay microempresas con baja capacidad para generar empleos, con poca capacitación laboral, sin suficiente crédito comercial, y basadas en la fuerza de trabajo del hogar.

“Para hacer frente a esto, el Gobierno Federal emprendió acciones para aumentar y conservar el empleo, apoyar a los productores y a los microempresarios, así como fomentar la labor empresarial. Poco más de uno de cada 10 pesos del gasto funcional en desarrollo económico se destinó en 2008-2011 a programas de desarrollo social que buscan fomentar el bienestar económico y la generación de ingresos en los hogares mexicanos de bajos ingresos, pero con bajos resultados”, explica.

Algunos programas con amplio presupuesto fueron Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, el PROCAMPO, el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Servicios de Guardería, el Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, el Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral y el Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.

“El impacto de los programas de desarrollo social es modesto para revertir los retos estructurales del mercado laboral. Por lo anterior, es importante subrayar que el incremento sostenido del poder adquisitivo del ingreso en el país debería provenir de las mejoras en el crecimiento económico, en el empleo, los salarios, la productividad, la inversión y la estabilidad de los precios (especialmente de los alimentos)”, destaca el informe.

Agrega que la política de desarrollo social cuenta con algunos programas de protección social, pero éstos son insuficientes para fortalecer el ingreso de la población.

“Es necesario diseñar programas para reducir los efectos coyunturales sobre el bienestar económico y el ingreso (por ejemplo, crear un seguro al desempleo y/o fortalecer algunos ya existentes, como el Programa de Empleo Temporal)”, concluye. (Verónica Martínez para Por Esto!)

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