miércoles, 5 de junio de 2013

junio 05, 2013
MÉRIDA, Yucatán, 5 de junio.- El Secretario de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, no respondió en tiempo y forma a la recomendación 08/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.



La recomendación 08/2013, emitida el miércoles 8 de mayo del presente, señala numerosas violaciones a los derechos de un ciudadano.

La recomendación requiere al Secretario de Seguridad Pública del Estado que la respuesta sobre la aceptación de ésta sea informada a dicho organismo dentro del término de diez días naturales siguientes a su notificación y adicionalmente que las pruebas correspondientes a su cumplimiento se envíen a la Codhey dentro de los
quince días naturales siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma.

Los plazos concluyeron el 18 y 23 de mayo, respectivamente.

El 28 de mayo se solicitó a la Codhey, por medio del sistema SAI de Transparencia, una copia de la respuesta del Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, a la recomendación 08/2013, a lo cual la Unidad de Acceso de dicha comisión respondió textualmente:

"En virtud de que la información solicitada a la presente fecha no se encuentra en archivos ni obra parte en el expediente toda vez que la Secretaria de Seguridad Pública no ha emitido al día de hoy informe o pronunciamiento alguno con relación a la Recomendación 08/2013 por lo que no es procedente acceder la Información solicitada por la inexistencia de la misma según oficio enviado a esta Unidad de Acceso a la Información por el Oficial de Quejas, Orientación y Seguimiento de la CODHEY de fecha 30 de Mayo del año en curso". (Respuesta completa a la solicitud)

Como informamos en su momento y en exclusiva, en la recomendación se nombra al Oficial Pedro Daniel Nah Pech y Comandante José Luis Trejo Gómez como responsables por vulneraciones a los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, trato digno y legalidad y seguridad jurídica de un detenido, y se recomienda a la corporación policíaca que se inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad contra éstos, además de que se identifique a los demás involucrados en el ultraje contra el ciudadano en cuestión. (JMRM)