Año con año, el Ejecutivo federal hizo público sus bienes, pese a no ser obligatorio. Su patrimonio incrementó de 7.4 millones de pesos al inicio del sexenio a 17.8 millones de pesos al dejar la Presidencia de la República
El ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala vieron incrementar su patrimonio de 7.4 millones de pesos al inicio del sexenio a 17.8 millones de pesos al concluir el mandato calderonista.
Comparando las declaraciones patrimoniales que presentó Calderón Hinojosa al comienzo de su gobierno y al término de su mandato, se advierte que se multiplicaron los bienes de la pareja, tanto en efectivo como en propiedades reportadas como bienes en común. Aunque la mayor parte están registrados a nombre del ex presidente de México.
Calderón Hinojosa informó que su sueldo mensual al dejar Los Pinos fue de 147 mil 134 pesos, sin incluir otras percepciones, aunque reportó el cobro de su seguro de separación individualizado por tres millones 716 mil 951 pesos.
Antes de dejar la Presidencia de la República, Calderón Hinojosa dijo que sí haría efectiva su pensión como ex titular del Poder Ejecutivo federal.
Entre 2007 y 2012, Calderón reportó diversas compras junto con su esposa Margarita, en collares, joyas, línea blanca, muebles, electrodomésticos, litografías, artesanías y cuadros, pero son adquisiciones por un monto de 657 mil pesos. Aunque el gasto mayor por casi 200 mil pesos ya lo había registrado en su primera declaración como presidente.
Al llegar a Los Pinos, Calderón dio cuenta de inversiones por 689 mil pesos y al finalizar su gestión sumó en este rubro cinco millones 979 mil pesos. De esos 5.9 millones, en su declaración patrimonial de cierre de gestión de 2013 están registrados a nombre de su cón- yuge 756 mil 89 pesos.
Sus bienes muebles también son los que más crecieron. En su declaración patrimonial de inicio de gestión sumaba 2.5 millones de pesos. En la última declaración ante la Secretaría de la Función Pública creció el monto a 10 millones 430 mil pesos. De seis propiedades, tres están a nombre de Calderón y el resto a nombre de Zavala.
De acuerdo con el historial declarado por Calderón, en 2008 adquirió un terreno de 450 metros cuadrados, para lo cual solicitó un crédito de tres millones 640 mil pesos. En promedio, el metro cuadrado le habría costado ocho mil 88 pesos y está a nombre del declarante.
En junio de 2008, Calderón compró un terreno de 12 mil 477 metros cuadrados, por el cual pagó de contado 130 mil pesos, es decir, a 10.41 pesos el metro cuadrado y está a nombre del declarante.
En 2007, Calderón registró con pago de contado otro terreno de nueve mil 805 metros cuadrados, pero con valor de 100 mil pesos, es decir, a 10.1 pesos el metro cuadrado, y que está registrado en su declaración a nombre de su cónyuge.
Desde 1997, el matrimonio Calderón-Zavala es propietario de terrenos en Ayapango, Estado de México, municipio de Chalco, desde donde se tiene una vista de los volcanes. Esos terrenos suman 19 mil 475 metros cuadrados. Ahí ya poseían tierras los suegros de Calderón, Diego Zavala y Mercedes Gómez.
En 2008, Calderón también reportó la compra de otra casa con un crédito de tres millones 888 mil pesos, aunque el valor total fue de cuatro millones 860 mil pesos. En el detalle de la declaración, Calderón precisa que en agosto de 2012 fue vendida la casa en 5.5 millones de pesos y parte de ese dinero sirvió para pagar el crédito y hasta una ganancia de casi 700 mil pesos.
Las declaraciones patrimoniales de Calderón Hinojosa están disponibles en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública (SFP), porque así lo determinó el propio mandatario.
La mayoría de servidores públicos prefiere sólo rendir su declaración patrimonial, como obligación legal de todo funcionario, pero las mantienen sin acceso al público al existir esa posibilidad.
Margarita Zavala no devengó ningún salario entre 2006 y 2012, durante la gestión de Calderón Hinojosa.
Felipe Calderón, como todos los ex presidentes, es protegido aún por elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP). El actual titular, el general Roberto Miranda, también fue el segundo en importancia en este cuerpo especializado durante el sexenio calderonista.
Declarar bienes y conflictos de interés: Transparencia Mexicana
Para Transparencia Mexicana, es necesario impulsar en el país las reformas necesarias que hagan obligatoria la publicación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
Calderón Hinojosa fue de los pocos funcionarios que optó por la publicación abierta de sus bienes en la página de la Secretaría de la Función Pública. Esta dependencia, a su vez, revisa la evolución patrimonial de todo funcionario y, en caso de hallar inconsistencias, puede proceder con sanciones administrativas o incluso penales si detecta enriquecimiento ilícito.
Transparencia propone que se aprovechen las plataformas electrónicas existentes para la presentación de la declaración vía remota, para simplificar la búsqueda de aquellas declaraciones patrimoniales que sean públicas por elección de los servidores públicos.
El organismo civil expone que debe considerarse la presentación de las declaraciones patrimoniales públicas en formatos manipulables tipo “open data”, un término en inglés que significa que ciertos datos de servidores los pueda ver cualquier persona, lo cual permite el análisis.
El 11 de marzo de 2013, EL UNIVERSAL informó que en el país sólo ocho gobernadores se han atrevido a divulgar públicamente los bienes que poseen.
En países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú, la declaración patrimonial de los titulares del Poder Ejecutivo es una obligación. Chile dio un paso más porque sus funcionarios deben divulgar esos datos públicamente.
Transparencia Mexicana sugiere la necesidad de obligar a los servidores a presentar una declaración de intereses, para saber desde antes de asumir un cargo quiénes son sus familiares o sus vínculos empresariales o políticos relacionados con su nueva función y que podrían afectar su toma de decisiones.
En junio de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las declaraciones patrimoniales de los legisladores deben permanecer cerradas si así lo deciden. (El Universal)
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