MÉXICO, 26 de mayo.- Amnistía Internacional (AI) denunció en su informe sobre Derechos Humanos 2012 que el gobierno de Felipe Calderón siguió ignorando "indicios fehacientes" de "violaciones generalizadas" de esos derechos por parte de las fuerzas policiales y de seguridad.
Al precisar tales excesos, el organismo cita "detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas".
Según el informe, "durante los seis años de (Felipe) Calderón en la presidencia más de 60.000 personas murieron y 150.000 se convirtieron en desplazadas por la violencia asociada a las drogas".
Los carteles de la droga y otras bandas delictivas, agrega, fueron los responsables de la mayoría de los municipios, a menudo en complicidad de funcionarios.
"(Los cárteles) fueron responsables de la mayoría de homicidios y secuestros, pero a menudo actuaban en convivencia con funcionarios públicos".
Respecto a la administración de Justicia añade que el sistema de justicia penal seguía adoleciendo de graves deficiencias y el 98 por ciento de los delitos quedaban impunes.
Agregó que la Suprema Corte de Justicia dictó “fallos innovadores” que incorporaban obligaciones en materia de derechos humanos, incluidas restricciones a la jurisdicción militar.
Amnistía lnternacional, al referirse a la seguridad pública, afirma que miembros de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales fueron responsables de violaciones de derechos humanos “graves y generalizadas” cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas.
Indica que el Gobierno de Felipe Calderón se negó a reconocer la gravedad de los abusos a los derechos.
"(Felipe Calderón) se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales. La impunidad era generalizada por lo que el resarcimiento (a las víctimas) era escaso o inexistente".
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 1.921 denuncias contra las Fuerzas Armadas y 802 contra la Policía Federal, dice el informe, por las cuales sólo ocho militares fueron condenados en el sistema de justicia militar.
Además, "se recurrió de forma generalizada a la detención arbitraria, tortura y malos tratos para extraer información y confesiones de los detenidos durante los interrogatorios". La CNDH recibió 1.662 denuncias de este tipo durante el año.
El texto cita detalladamente casos de excesos por parte de los agentes públicos.
Amnistía cita un informe de la Procuraduría General de la República que indicó que durante el Gobierno anterior "se había tenido noticia de al menos 25.000 secuestros, desapariciones y casos de personas en paradero desconocido en todo el país".
La "mayoría de esos secuestros era obra de bandas delictivas", agrega.
En marzo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias hizo público un informe "que ponía de relieve el alarmante índice de desapariciones forzadas e impunidad en México", cita AI.
También reseña que a fines de 2012 el estado de Nuevo León aprobó leyes que tipifican "como delito la desaparición forzada", pero casi todos los demás estados y a nivel federal "no se penalizaban" conforme a las normas internacionales. "El nuevo Gobierno se comprometió a rectificar la esta situación".
Además de alertar sobre los derechos de las víctimas de la violencia y de las poblaciones indígenas y los migrantes, AI denuncia que los periodistas siguieron sufriendo "agresiones" y "amenazas" a causa de su trabajo.
"Al menos seis periodistas fueron asesinados", dice, y la Fiscalía especial creada para investigar delitos contra los informadores "no realizó avances en la mayoría de los casos de periodistas asesinados".
Seguían pendientes muchas investigaciones sobre agresiones contra defensores de los derechos humanos, pero AI destaca que el Congreso aprobó una ley, promovida por la sociedad civil, para "la creación de un mecanismo de protección de los periodistas y defensores". (ADN Político)
